Economía
La administración «malbarata» más de 300 MEUR el año por culpa de los hurtos multirreincidentes, según la CEOE
La patronal aprueba un manifiesto que pide la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
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Los hurtos multirreincidentes cuestan a las administraciones públicas 300 millones de euros el año, según estimaciones recogidas en un manifiesto aprobado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Teniendo en cuenta las denuncias, juicios suspendidos y sentencias, la patronal sostiene que esta práctica «es gratuita» para los delincuentes profesionales y supone un «despilfarro» para las instituciones. La patronal alerta que el ritmo de denuncias se mantiene en torno a los 700.000 en el año «sin consecuencias para los delincuentes». Por este motivo, han aprobado un documento que pide la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, a partir de tres delitos de hurto, se imponga una pena de 6 a 18 meses de prisión y una orden de alejamiento.
La CEOE denuncia que la «impunidad» de bandas organizadas que se dedican a robar comercios se ha incrementado después de dos sentencias del Tribunal Supremo que considera que el hurto es derecho penal de autor, cosa que significa que se tiene que castigar el primer hurto de los siguientes hasta un número indeterminado. «La realidad hoy en día es que no existe una herramienta jurídica para luchar contra la multirreincidencia de menos de 400 euros», apuntan.
La organización exige la modificación del Código Penal que añada que cuando existan dos delitos de hurtos menores de 400 euros se pueda interponer una multa y de 1 a 3 meses de orden de alejamiento. Y en caso de un tercer delito de hurto, imponer una pena de prisión de 6 a 18 meses y orden de alejamiento.
Con respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ejecución de Delitos Leves, la CEOE, pide que el juicio imponga una sentencia cuando el denunciado asista al juicio y que se requiera el pago de la multa en la misma sala. Además, reclaman que el condenado tenga que pagar la sanción en 30 días y, si no, que se sustituya la pena de multa por un día de prisión por cada dos multas impagadas.
También quieren que las fuerzas de seguridad notifiquen en persona las citaciones a juicio a las personas que tengan pendientes cuando las identifiquen. Por eso, sin embargo, es necesario una base de datos con toda la información de estas personas actualizada.