El Síndic considera que las actuaciones de los antidisturbios a raíz de la sentencia fueron «desproporcionadas»

Un informe del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, concluye que algunas actuaciones de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional durante las manifestaciones independentistas del pasado mes de octubre fueron desproporcionadas. Según el informe, la mayoría de movilizaciones y manifestantes fueron pacíficas, pero admite que hubo actuaciones incívicas contra la propia policía y el mobiliario urbano. A pesar de eso último, el informe considera que el Gobierno tendría que haber prohibido el uso de pelotas de goma a la Policía Nacional, y remarca que algunos detenidos no fueron tratados debidamente.

El informe analiza los dispositivos policiales desplegados desde el 13 al 27 de octubre y los posibles derechos vulnerados en el contexto de las movilizaciones ciudadanas, y se queja de la poca colaboración de la Policía Nacional a la hora de dar información sobre el dispositivo, los agentes activados y el armamento utilizado.

El Síndic concluye que la mayoría de manifestaciones, las más multitudinarias, se desarrollaron en un «clima pacífico y tranquilo» y, por lo tanto, sólo requirieron una «intervención policial mínima». En cambio, en otras manifestaciones, «minoritarias», se evidenció una «actitud hostil y violenta» por parte de algunas personas concentradas (lanzamiento de objetos contra la policía, crema de contenedores y vehículos estacionados, o construcción de barricadas, entre otros). En opinión del Síndic, estas actuaciones necesariamente tenían que comportar una «reacción» de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, algunas imágenes que aparecieron en los medios de comunicación y los relatos de las personas detenidas permiten constatar que algunas de estas actuaciones fueron «desproporcionadas» y que se produjo un «exceso» en el uso de la fuerza en la dispersión, contención y detención de personas. También resulta «inaceptable» el uso de armamento antidisturbios muy lesivo, como las pelotas de goma o la técnica del carrusel. A los Mossos les critica que no controlaran una manifestación de ultraderecha que se aproximó a una concentración independentista del Paseo de Gracia.

A raíz de los disturbios, se produjeron en torno a un centenar de detenciones, de las cuales algunas supusieron prisión provisional. Las 27 personas encarceladas entrevistadas exponen de manera mayoritaria que los agentes aplicaron un uso de la fuerza excesivo y desproporcionado (golpes de porra cuando ya estaban inmovilizadas, arrastrar por el suelo a la persona cogida por el pelo).

Del análisis de los casos también se ha detectado que, a partir de la detención, los relatos divergen bastante en función del cuerpo policial que la practicó. En este sentido, las personas detenidas por la Policía Nacional han descrito un trato más «agresivo, inadecuado e intimidatorio» durante la estancia en comisaría. Basándose en eso, el Síndic concluye que se vulneraron seriamente el derecho a la integridad moral y los derechos recogidos en la Ley de enjuiciamiento criminal (LeCrim). Los encarcelados entrevistados fueron cuatro mujeres y 23 hombres, nueve de los cuales extranjeros (seis marroquíes, un rumano, un brasileño y un norteamericano), y 22 de ellos entre 18 y 24 años. Otro inmigrante detenido fue trasladado al CIE de la Zona Franca y después en Madrid para ser expulsado, pero el Síndic no se ha podido entrevistar por falta de colaboración de la Policía Nacional.

Según informó el CatSalut al Síndic, entre el 14 y el 20 de octubre se atendieron 593 personas, 159 de las cuales fueron trasladadas a centros hospitalarios, y 434 fueron atenciones leves por parte del SEM en el mismo lugar de los hechos. Del total de heridos, 116 eran mossos y 110 eran policías nacionales, según las autoridades sanitarias. Por su parte, la Dirección General de la Policía explicó que entre el 14 y el 22 de octubre resultaron heridos 154 mossos, 134 policías nacionales y dos guardias urbanos de Barcelona.

Los días con más atenciones sanitarias fueron el lunes 14, cuando se hizo pública la sentencia, con 131 asistencias, 115 de las cuales estuvieron en la T-1 del aeropuerto del Prat. Al día siguiente hubo 125 asistencias, en el primer día de disturbios importantes en el centro de Barcelona, y el viernes 18, huelga general y la jornada con disturbios más graves en la plaza Urquinaona, se atendieron 182 personas. 152 asistencias fueron en Barcelona, 50 de las cuales requirieron traslados al hospital. Cuatro personas habrían perdido la visión de un ojo por impacto de pelota de goma disparada por la Policía Nacional.

De hecho, el informe critica que en la atención médica a los detenidos no se aplicara el protocolo de Istambul, que prevé que el paciente no sea esposado y no esté custodiado por los mismos agentes que lo han arrestado.

Por todo eso, el Síndic recomienda al Ministerio del Interior y el Departamento de Interior, que mantengan la coordinación de los cuerpos policiales presentes en Cataluña, comandados por los Mossos, que investiguen de manera rigurosa e imparcial las alegaciones de exceso de fuerza y vulneración de derechos y sancionen adecuadamente las infracciones y los delitos que se puedan haber cometido, y que recuerden que todos los agentes policiales, incluyendo los antidisturbios, tienen que ir claramente identificados. Ribó ha criticado el Gobierno por no prohibir explícitamente a la Policía Nacional el uso de pelotas de goma, pero también ha pedido a la ciudadanía y a algunos políticos que no criminalicen los cuerpos policiales o las unidades antidisturbios enteras, ya que la policía es «necesaria» en democracia.

Al Ministerio también le pide que revise los protocolos que regulan el uso de armamento reglamentario antidisturbios y sustituya las pelotas de goma por instrumentos menos lesivos e indiscriminados. A la Consejería le reclama que profundice en el modelo de proximidad con los recursos humanos y materiales que sean necesarios para hacerlo más eficiente y que elabore y presente al Parlamento un proyecto de ley de la Policía de Cataluña que despliegue el mandamiento estatutario del Cuerpo de Mossos d'Esquadra como policía integral de Cataluña. Finalmente, en la fiscalía y los jueces, les pide que reconsideren la situación de prisión provisional de las personas que todavía se encuentran en esta situación.

El documento también incluye un anexo que contiene el informe sobre los criterios de actuación en materia policial en casos de desobediencia civil no violenta, basándose en episodios de los últimos años en Cataluña y que promueve la mediación, en respuesta a la petición que dirigió al Síndic al presidente de la Generalitat, Quim Torra, el 6 de septiembre, y que Ribó envió a Torra y al conseller de Interior, Miquel Buch, el 30 de septiembre.