Torra: «A mí no me inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas, sólo lo puede hacer el Parlament»

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que «sólo» el Parlament lo puede inhabilitar y ha anunciado que pedirá a los grupos parlamentarios que le dieron apoyo y aquellos que se quieran añadir que «así lo expresen en una votación» en la cámara. «A mí no me inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas, sólo lo puede hacer el Parlament», ha dicho en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat después de que el TSJC lo haya condenado a un año y medio de inhabilitación por desobediencia. Para Torra, «tiene que quedar patente donde radica la soberanía del pueblo de Cataluña». El presidente considera que su sentencia «ya estaba escrita» por una justicia «partidista y completamente injusta», y ha anunciado un recurso al Supremo.

El presidente ha comparecido en la Galería Gótica acompañado de su ejecutivo y también miembros de JxCat y ha empezado con las mismas palabras con las que acabó su intervención en el juicio: «Mi condena será su condena». «Un tribunal formado por tres personas, desprovistas de la más elemental imparcialidad, en un proceso lleno de irregularidades, impulsado por una fiscalía convertida en garante de los intereses del gobierno español pretende cambiar un presidente escogido por los representantes de millones de catalanes; esta es la dimensión de la desproporción con la que el estado español persigue, criminaliza, reprime y pretende poner y sacar presidentes y gobiernos en Cataluña», ha argumentado.

Por eso, ha asegurado que a él no lo inhabilitará «un tribunal con motivaciones políticas, porque tan sólo lo puede hacer el Parlament de Catalunya». Así, ha pedido a los grupos parlamentarios que le dieron apoyo, «aquellos grupos que quieran oponerse a la represión y a la utilización de la justicia para hacer política», que lo expresen en una votación. Fuentes de Presidencia han explicado que no se tratará de una moción de confianza, sino algún otro tipo de iniciativa parlamentaria. «No se trata de darme apoyo a mí, Quim Torra. Si no que hay que dejar bien claro que los presidentes de este país no los deciden los tribunales en procedimientos irregulares, politizados y con sentencias ya redactadas antes del juicio. Tiene que quedar patente donde radica la soberanía del pueblo de Cataluña porque esta de hoy es una puerta abierta a la desmedida, al autoritarismo y contra la libertad de expresión. Hace falta que el Parlament, nuestro Parlament, se reafirme en su dignidad democrática», ha remachado.

«El ejercicio democrático y en plenitud de la libertad de expresión no pertenece a ningún presidente de la Generalitat. Pertenece a todo un pueblo. Y es por eso que ejercer el cargo, con la dignidad con la que lo entiendo, obliga a no ceder ni sacrificar ninguno de los derechos sociales, civiles y políticos de la ciudadanía», ha considerado.

Para el presidente, la sentencia del TSJC es «una demostración más de la ausencia de concordancia entre la legitimidad democrática catalana y la legislación española y, especialmente, del uso que hace el estado». «Este choque de legitimidad democrática nos exige no retroceder nunca en la defensa de derechos conquistados por generaciones de catalanes que han luchado mucho para conseguirlos», ha añadido.

«La represión no se ha detenido. No la paró un gobierno del Partido Socialista ni un presidente investido con los votos de los partidos independentistas en una moción de censura. No sirvieron de nada los cheques en blanco ni los pagos por adelantado», ha opinado.

Según él, la sentencia era «previsible» y «ya estaba escrita» antes del juicio. «La derrota sufrida por la fiscalía y la acusación popular en el juicio oral no ha servido de nada. Estamos ante tribunales políticos que juzgan con motivaciones políticas. Es decir, que no hay justicia cuando se trata de juzgar independentistas», ha añadido. «Hoy se ha anunciado una sentencia eminentemente política con el único objetivo de inhabilitarme y, de esta manera, intervenir en la situación política de Cataluña. Esta justicia no es ciega ni imparcial, sino partidista y completamente injusta», ha remachado.

Confianza en la justicia europea

Torra también ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia, recurso que se tiene que anunciar antes de cinco días hábiles y después se puede presentar al cabo de 20 días hábiles. En el recurso, ha dicho Torra, se volverá a solicitar que el tribunal presente varias cuestiones prejudiciales, basadas sobre todo en la composición del tribunal, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuestiones que el TSJC rechazó in voce en el mismo juicio y que no ha recogido en la sentencia. El Supremo, teóricamente, tendría que plantear estas cuestiones en Europa y esperar a la resolución antes de resolver el recurso de Torra.

Para Torra, hace falta que Europa fije una posición antes de que se produzca un «daño irreparable que afectaría al derecho de defensa de millones de ciudadanos europeos». No obstante, ya ha anunciado también que aunque la posible sentencia del Supremo le sea desfavorable, y por lo tanto ya sea una condena firme que lo inhabilitaría instantáneamente, recurrirían hasta los tribunales europeos pasando previamente por el Tribunal Constitucional.

«Mi confianza en la justicia española es nula después de haber contemplado el juicio político celebrado en el Tribunal Supremo», ha dicho, y ha añadido que tampoco le merece ninguna confianza «después de ver el uso de criterios políticos de las euroórdenes». «Hace falta que vayamos a buscar la justicia fuera cuando se nos niega aquí», ha reafirmado. «Mientras Europa es un ejemplo de justicia, España continúa en el camino de la represión».

De hecho, Torra ha hecho referencia también a la sentencia del TJUE sobre Oriol Junqueras y su inmunidad como europarlamentario, cosa que también afecta a Carles Puigdemont y Toni Comín. El presidente ha exigido la nulidad del juicio en el Supremo, la libertad inmediata de todos los políticos presos, el retorno libre de los exiliados y el archivamiento de las causas «políticas» contra los independentistas. «Hace falta que el estado español reconozca sus errores y las vulneraciones de derechos que ha cometido todo este tiempo, que revierta urgentemente la situación actual a favor de una solución democrática con el ejercicio del derecho de autodeterminación», ha pedido.