Sánchez aplaza la subida de las pensiones hasta la formación de un nuevo gobierno en España

El gobierno español de Pedro Sánchez ha decidido aplazar el aumento de las pensiones de un 0,9% hasta que haya un nuevo ejecutivo, según ha confirmado en rueda de prensa la portavoz Isabel Celaá. Además, el consejo de ministros tampoco ha aprobado el incremento de los salarios de los funcionarios pactado con los sindicatos, del 2%, ni la revisión al alza del salario mínimo. Según Celaá, el aumento de las pensiones, en línea con el IPC, se hará «en el momento preciso que se configure el nuevo gobierno», y tendrá «carácter retroactivo». Con respecto al salario mínimo, Celaá se ha emplazado al «diálogo social» entre sindicatos y patronales para conseguir una revisión al alza.

Así, el gobierno español en funciones opta por no aprobar el aumento de las pensiones ni de los salarios o el salario mínimo, a pesar de haberlo prometido durante la campaña electoral y que el incremento del 0,9% esté, incluso, incluido en el plan presupuestario enviado a Bruselas para el 2020.

Celaá ha asegurado que hacer ahora una revalorización de las pensiones del 0,25% y más adelante del 0,65%, para acabar llegando al 0,9% que permite equiparar los pagos a los aumentos de los precios (IPC), supone un problema para el techo del gasto y también a nivel «logístico». Por eso, ha justificado, se hará una vez haya ejecutivo y de forma retroactiva, de forma que pensionistas y trabajadores públicos puedan recibir cuando haya acuerdo lo que tendrían que haber estado cobrando desde el 1 de enero.

La medida se ha aprobado en el marco de un decreto que también incluye iniciativas de fiscalidad, como la prórroga de los límites de facturación por módulos de los autónomos, o la prórroga del impuesto de patrimonio para el 2020, o la actualización de los índice catastrales urbanos, que es muy importante para los Ayuntamientos para calcular y actualizar sus tasas.

El gobierno español también ha aprobado prorrogar la conocida como «salvaguardia para las pensiones», de forma que 26.000 trabajadores que las tenían fijadas hasta el 2011 y que perdieron el trabajo antes del 2013 puedan seguir acogiéndose a las condiciones de jubilación previas.

El ejecutivo de Sánchez también ha establecido una nueva tarifa para calcular la prestación que abonan las centrales nucleares para la gestión de sus residuos, fijando la tarifa unitaria en 0,798 céntimos kw/hora. Esta tarifa no se revisaba al alza desde el 2010, y la pagan las nucleares a la empresa estatal de residuos radiactivos.