Diari Més

Juicio excúpula Mossos

Pere Soler dice que ni él ni Forn influyeron nunca en la actuación policial de los Mossos el 1-O

El exdirector de la policía diferencia entre las declaraciones públicas y los hechos reales

El exdirector general de los Mossos, Pere Soler, durante su declaración en la Audiencia Nacional.

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El exdirector general de los Mossos d'Esquadra Pere Soler ha asegurado este jueves que él nunca recibió ninguna «injerencia» por parte del exconseller de Interior Joaquim Forn sobre el papel de la policía catalana en el 1-O y él mismo tampoco dio ninguna «instrucción» a los comisarios del cuerpo. Según él, las declaraciones públicas de Forn sobre el posicionamiento de los Mossos en el referéndum eran las mismas que las del Gobierno, pero el exconseller también quiso tranquilizar a los sindicatos policiales asegurando que mantendría el cuerpo en el margen de la actividad política del Gobierno. «Todo el mundo sabía dónde estaban los Mossos, una cosa son las declaraciones y la otra los hechos, todo el mundo sabía que iríamos a elecciones o al 155», ha explicado. «En el Departamento de Interior nadie hizo nada para la celebración del referéndum», ha asegurado.

En respuesta al interrogatorio del fiscal, Soler ha explicado que fue director general de Servicios Penitenciarios entre el 2013 y el 2016. El nuevo conseller de Interior del Gobierno Puigdemont, Jordi Jané, le propuso ser director de la Policía, pero él rechazó el ofrecimiento porque el director de entonces, Albert Batlle, lo hacía «bien». Aun así, dijo que si el cargo quedaba vacante le volvieran a plantear. En julio del 2017, cuando Forn fue nombrado conseller y Batlle dimitió, le volvieron a plantear el nombramiento, y Soler dijo que si no había ningún otro candidato, aceptaría el cargo.

Antes de ser nombrado, en octubre del 2016, cuando el PSOE decidió abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, hizo un tuit diciendo que le hacían «pena» los españoles por seguir teniendo un gobierno del PP, pero ha aclarado que lo dijo en el sentido de saberle mal. El 4 de julio del 2017, cuando se presentó el referéndum al TNC, también hizo un tuit diciendo que los catalanes acabarían votando en un referéndum de independencia y nadie lo podría evitar. «Yo no tenía ningún cargo público ni sabía que lo tendría», ha recordado. Según él, el tuit y el posicionamiento de los partidos independentistas era presionar para que el gobierno español accediera a hacer un referéndum pactado. Por eso, considera que las manifestaciones públicas de Forn sobre el papel de los Mossos el 1-O no pretendían influir en el cuerpo, sino que eran un posicionamiento político.

Cuando ya era director de los Mossos, el 31 de julio del 2017, hizo un tuit diciendo que los Mossos cumplirían la ley, recordando la primacía de la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea sobre la Constitución Española, que se tiene que interpretar según la legislación internacional. En aquella ocasión, el mayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero, le pidió que no hiciera tuits como aquellos porque podían ser malinterpretados.

Sobre sus funciones en el cuerpo, ha explicado que él sólo supervisaba la actuación de la División de Asuntos Internos (DAI) y era informado de los planes operativos de orden público y seguridad ciudadana, pero no sobre las funciones de policía judicial. Él era el responsable en materia de contratación, personal y presupuesto, y por eso también le trasladaban las necesidades de recursos humanos y materiales como policía judicial.

Así, por ejemplo, después de la segunda instrucción de la fiscalía de septiembre del 2017 se ampliaron la jornada de los agentes. «La dependencia judicial prima sobre la dependencia orgánica, eso lo sabe todo el mundo», ha dicho. «Nosotros pusimos todos los efectivos que teníamos; era un dispositivo de todos los cuerpos de seguridad, ponemos la jornada de 8 a 12 horas, se sacan todos los fines de semana y todos los permisos por asuntos propios», ha explicado. «Pusimos todo el cuerpo a disposición de las instrucciones, primero del fiscal y después de la magistrada», ha completado. En todo caso, ha dicho que a él no le tocaba valorar si las órdenes fiscales o judiciales se podían cumplir o no.

20-S desde el despacho de la dirección general

Con respecto al 20-S, Soler ha respondido al fiscal que tuvo conocimiento de las actuaciones de la Guardia Civil a través de la radio mientras se desplazaba hacia su despacho a la Dirección General de la Policía. Y que fue desde allí que siguió toda la jornada, a través de los medios de comunicación, ya que creyó que no era conveniente que él se desplazara al centro de mando que se había organizado. También ha dicho que no era su responsabilidad autorizar la concentración, ya que depende de otra dirección general del Departamento.

Soler ha asegurado que supo posteriormente a aquel día que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez tuviera un papel de mediación. «Lo veo por la televisión, pero no sé qué papel se le pide por parte de los Mossos», ha explicado. De hecho, ha remarcado que la actuación de la policía catalana estaba «en manos del operativo», que no supo que Forn le pidió a Trapero que hablara con Sànchez, y que no supo hasta la mañana siguiente de las «dificultades» que tuvo la comitiva judicial para salir de la consejería.

También ha limitado mucho su relación con Jordi Sànchez, cuando él era director general de Serveis Penitenciarias y el expresidente de la ANC era adjunto al Síndic de Greuges. El fiscal le ha replicado que Soler llamó dos veces a Sànchez el 30 de septiembre del 2017 y una el 1-O. Soler ha dicho no recordar haber hablado con él el día antes del referéndum, y que en todo caso debieron ser «en respuesta a una llamada de él», y que el 1-O por la tarde habló un momento por un problema que tenía la ANC con una tarima que montó en la plaza Catalunya.

El exdirector general de los Mossos ha justificado las gestiones que hizo después de recibir una petición por parte de altos cargos de ERC al Gobierno para protegerlos después de la exposición pública que fueron sometidos por su detención el 20-S porque «se sentían amenazados». Recibió una llamada por parte del director general de Patrimonio, Francesc Sutrias, y afectaba también al número dos de Vicepresidència y Economia en aquel momento, Josep Maria Jové. Soler ha explicado que no se aceptaron medidas de protección de aparatos electrónicos ni se pusieron escoltas, sino «como mucho, contra-vigilancia, como se hacía con otros políticos de otros partidos». Soler se ha desvinculado del barrido en el despacho de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. «No tenía conocimiento, sólo me intereso por lo que se vehicula a través mío, en aquella época fue el caso de Sutrias y también gente del PP y Cs», ha remachado.

Asegura que no votó el 1-O para no «perjudicar» a los Mossos

El exdirector general de la Policía, Pere Soler, ha asegurado que el 1-O no votó porque no quería que eso «perjudicara» la imagen de los Mossos. «Por mi cargo, entendí que no tenía que ejercer mi derecho a voto», ha dicho, «en ningún caso quería que, aunque fuera un gesto simbólico, pudiera perjudicar al cuerpo, que estaba actuando como policía judicial». El fiscal Miguel Ángel Carballo le ha recordado que él militaba en un partido que pedía el voto, pero Soler le ha replicado que en aquel momento ejercía como director general. Durante su declaración en la Audiencia Nacional, ha afirmado que «nadie» le pidió que hiciera ningún «acto ilegal», que si no hubiera dimitido, y que «se sabía cuál era la posición de los Mossos con respecto al 1-O y la DUI».

El fiscal Miguel Ángel Carballo ha interpelado a Soler sobre por qué no había pedido a Carles Puigdemont que no se celebrara el referéndum en el mismo sentido que lo hace el mayor Josep Lluís Trapero en la reunión del 28 de septiembre del 2017 en el Palau de la Generalitat. «¿ Cómo lo hago, siendo un alto cargo del Gobierno?», ha respondido, «la posición del Gobierno es pública y notoria». Soler ha defendido que ya estaba cumpliendo con el requerimiento que tenía del TC para paralizar acciones para la celebración del referéndum dentro de sus «competencias» como director de la policía.

Carballo le ha preguntado si no habría servido hacer un comunicado, como director de los Mossos, para intentar evitar el referéndum. «Yo hago lo que tengo que hacer», ha dicho, «cuando la medida me afecta a mí, como mi destitución, lo acepto». Pero considera que lo que no podía era «desautorizar al presidente». «En un gobierno normal no tiene cabida, porque es un superior jerárquico y yo un alto cargo de Gobierno», ha remachado.

Soler sabía que Trapero estaba en contra de la celebración del referéndum «por las dificultades que podía haber», que esta posición «no era ningún secreto» y que «nunca se le pidió que estuviera a favor o que desobedeciera ninguna instrucción fiscal o judicial». De hecho, ha recordado que el mayor lo alertó de posibles escenarios con «algún incidente de orden público» y que le había pedido una reunión al conseller. Posteriormente, ha respondido al fiscal, Soler no se interesó por el resultado de la reunión.

El 1-O se hizo un «sacrificio ingente»

Soler ha defendido que el 1-O el cuerpo de los Mossos d'Esquadra hizo un «sacrificio ingente» con el dispositivo que puso en marcha, con unos 8.000 efectivos. El fiscal ha comparado estos datos con la del número de agentes desplegados en unas elecciones, pero Soler ha argumentado que, en unos comicios electorales, «se trabaja en dos turnos» porque «se tiene que dar a los mossos la oportunidad de ir a votar». Además, ha insistido en qué era un dispositivo «conjunto» con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Desconocía el plan de detención del Gobierno

El exdirector también ha remarcado que desconocía el plan de la prefectura de los Mossos para detener Carles Puigdemont y el resto del Gobierno una vez aprobada la DUI.

El TJSC era quien tenía que dictar el plan contra el 1-O

El exdirector de la policía ha defendido que tenía que ser el TSJC quien tenía que dictar el plan para impedir el referéndum. Soler consideraba que la fiscalía no tenía competencias porque estaba aplicando una medida cautelar que vulneraba derechos y las tenía que tomar un juez. Por eso, pidió al conseller que emprendiera acciones contra el ministerio público. De hecho, el Gobierno presentó una querella contra la fiscalía.

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