LA AN no acepta como prueba la carta en que Trapero asumía la investigación del 'proceso'

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la antigua cúpula de la Consejería de Interior no ha aceptado como prueba un comunicado interno del jefe del cuerpo del 2015 en que asumía la responsabilidad de la investigación de cualquier delito relacionado con el proceso independentista. La fiscalía ha pedido incorporarlo este mismo lunes después de que el teniente coronel Daniel Baena, jefe de la policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña, la pusiera como ejemplo de la supuesta connivencia de la cúpula policial con el referéndum del 1-O.

El 9 de noviembre del 2015 el Parlament aprobó una resolución que daba inicio al llamado proceso de 'desconexión' de Cataluña. Días antes, el 4 de noviembre, el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que después estuvo en el juicio del Supremo, ordenó a los tres cuerpos policiales que le aportaran todas las investigaciones que hicieran sobre el proceso y relacionado con los delitos de desobediencia, sedición o rebelión. Baena ha explicado que Trapero, en su supuesta estrategia para aparentar que se investigaba pero en realidad no hacer nada para impedir el avance del 'proceso', envió, el 11 de noviembre, un comunicado interno a todos los agentes donde se responsabilizaba de estas investigaciones y ordenaba centralizarlas.

En el comunicado, que se conoció públicamente al día siguiente, Trapero decía que él concentraría todas las posibles investigaciones y actuaciones del cuerpo en relación a supuestos delitos de desobediencia, sedición o rebelión cometidos por ciudadanos catalanes no aforados, a raíz de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la resolución rupturista del Parlament. Así, él sería quien comunicara a la Audiencia Nacional española cualquier posible indicio de delito y asumiría personalmente las posibles responsabilidades de esta actuación policial.

Después de recordar el escrito que la Fiscalía de la Audiencia Nacional envió a la policía española, la Guardia Civil y los Mossos, Trapero decía que «vista la complejidad y especialidad que pueden comportar las tipologías penales planteadas, en todos los supuestos y sin excepción, cualquier acción que corresponda realizar a los Mossos tendrá que ser elevada por la cadena jerárquica de mando, que asumirá las decisiones sobre las actuaciones que se tengan que llevar a cabo en cada caso; la cadena se tiene que elevar necesariamente y siempre hasta el comisario jefe». Así, todos los atestados e informes relativos a esta cuestión tenían que pasar primero por el comisario jefe, que decidiría qué, cómo y cuándo se envía a la Audiencia Nacional y a la fiscalía. Acto seguido, Trapero aseguraba que las eventuales responsabilidades serán asumidas exclusivamente por los mandos y en última instancia por el mismo jefe. El sindicato mayoritario del cuerpo, SAP, agradeció esta posición de Trapero.

Este comunicado, según Baena, es una demostración más de la connivencia que, según él, tenía la cúpula del cuerpo con el proceso soberanista. De hecho, ha lamentado que desde noviembre del 2015 hasta octubre del 2017 ninguna de las investigaciones de los dos cuerpos estatales coincidieran con investigaciones de la policía catalana.

Sobre el dispositivo del 20-S, ha dicho que no era habitual activar recursos antidisturbios de la propia Guardia Civil, pero aquel día ya previeron que habría concentraciones. No obstante, ha admitido que no fue hasta poco antes de las 8 de la mañana que dijeron a los Mossos d'Esquadra que necesitarían soporte para actuaciones «en Barcelona», cacheos que no concretaron hasta que ya habían empezado. Sobre las diversas peticiones de soporte de los Mossos a la Consejería de Economía, Baena ha dicho que no recibieron respuesta «satisfactoria» a pesar de pedir un perímetro de protección.

A raíz de aquellos cacheos se encontraron el documento 'EnfoCATs' y la agenda Moleskine de Josep Maria Jové, con que, según él, confirmaban sus investigaciones iniciales. Aunque el documento 'EnfoCATs' apuntaba a los Mossos como una estructura de estado ya preparada, ha admitido que la agenda constataba que la posición de la policía catalana era la de respetar la legalidad española. Para fortalecer el cuerpo como estructura de estado, Baena ha dicho que el nombramiento de Trapero como mayor, «blindaba» y «cohesionaba» el cuerpo, justamente pocos meses antes del referéndum. A preguntas de la abogada de Trapero ha tenido que admitir que el nombramiento lo hizo el entonces director de los Mossos, Albert Batlle, que había estado miembro del PSC.

Pero el mando de la Guardia Civil ha puesto sobre todo la posición de Trapero desde el 2015 como supuesta prueba que el jefe del cuerpo priorizaba la cadena de mando orgánica por encima de la judicial. También ha lamentado que muchas órdenes judiciales acabaran en manos de personas que no formaban parte de la policía judicial, cosa que significaba que las investigaciones policiales llegaban a conocimiento de los impulsores del referéndum.

Esta estrategia, según Baena, se cerró con el comunicado del 2 de octubre del 2017 de Trapero a todo el cuerpo donde felicitaba a los agentes por su actuación el día anterior. «Eso era la esencia de todo: aparentar que cumplían de forma general las órdenes como querían», ha concluido.

«Teníamos miedo de que los investigados lo supieran antes»

El teniente coronel que investigó el 1-O también ha dicho que no confiaban en el cuerpo de los Mossos a raíz de un correo donde Cèsar Puig informaba al exsecretario general de Economía, Josep Maria Jové, sobre el cacheo que la Guardia Civil hizo en la sede de Unipost en Terrassa el 19 de septiembre. «No teníamos la certeza de que la práctica judicial llegara a buen puerto por miedo que los investigados lo supieran antes», ha dicho. Por eso, ha añadido, no los avisaron de los cacheos previstos el 20-S, como ordenó el magistrado del juzgado de instrucción 13. Aunque el juez pidió que le llevaran ante él a cualquier agente que impidiera los cacheos, Baena ha admitido que no lo tuvieron que hacer porque no se dio el caso.

Baena ha afirmado también durante su declaración que durante el 1-O hubo más comunicaciones entre los binomios y el centro de mando de los Mossos informando sobre la presencia de los cuerpos policiales que para hacer peticiones de soporte de orden público. «Incluso hay casos en que se pedía a los propios vecinos que alerten a los Mossos de nuestra presencia», ha dicho. En este sentido, ha dicho que Trapero ordenó durante la reunión para exponer las pautas de actuación del cuerpo el día del referéndum que se informara sobre los movimientos de los cuerpos de seguridad del estado.

Carta de Puigdemont a Trapero

Por otra parte, el tribunal también ha rechazado incluir una carta que Puigdemont habría ordenado a su secretaria que enviara a Trapero el 20 de octubre del 2017. La fiscalía lo ha pedido argumentando que se encuentra en la causa del Supremo y que fue pública pero las defensas se han opuesto alegando que no se había incluido en el tiempo procesal oportuno. También que se ve vulnerado el derecho de defensa.

En la misiva, que Baena ha podido leer en parte, el expresidente hacía referencia a un supuesto encuentro a puerta cerrada, pero a preguntas de la defensa del mayor no ha quedado claro que asistiera Trapero. Según ha leído Baena, Puigdemont le decía a Trapero que para él «es un orgullo la policía que dirige». «Te lo digo no sólo como presidente sino también como ciudadano y como padre de dos niñas que todavía se preguntan porque hacía falta tanta violencia en su escuela», dice en referencia al 1-O. «Han aprendido de manera traumática que en Cataluña tenemos una policía totalmente diferente. Lo quieren y a la vez la respetan», ha detallado Baena. La presidenta del tribunal, Concepción Espejel, sin embargo, lo ha interrumpido.

Baena ha llegado poco antes de las 9 de la mañana en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, cuando la puerta todavía estaba cerrada, pero le han abierto inmediatamente, y eso le ha permitido esquivar la mayoría de cámaras de fotos y televisión, que todavía no habían llegado. Como ya pasó en el juicio al Supremo, y a petición de la fiscalía y la aceptación por parte de las defensas, la magistrada presidenta ha acordado que la declaración de los guardias civiles y policías nacionales se pueda oír por la señal institucional, pero no se podrá ver la imagen del testigo interrogado.