Bruselas multa con 6,7 millones en Meliá para cobrar precios diferentes según el país del cliente

La Comisión Europea ha multado este viernes con 6,7 millones de euros en el grupo hotelero Meliá International para incluir en sus acuerdos con los principales operadores turísticos europeos cláusulas restrictivas que discriminaron en función de su nacionalidad o lugar de residencia a los clientes europeos que hicieron sus reservas online a través de estas plataformas entre 2014 y 2015.

«Meliá impidió a los operadores turísticos ofrecer alojamientos hoteleros en todos los lugares de Europa», ha criticado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que ha explicado que la consecuencia fue que clientes europeos accedieran a «ofertas diferentes y precios diferentes en función de su nacionalidad».

«Esta práctica es ilegal conformemente a las normas de defensa de la competencia. Los consumidores tienen que tener la posibilidad de hacer un uso lleno del mercado y de acceder a las mejores ofertas», ha añadido Vestager en un comunicado para anunciar la multa.

Bruselas inició la investigación que concluye con la sanción de este viernes en febrero de 2017 para comprobar si Meliá había suscrito acuerdos con operadores turísticos que limitaban las ventas activas y pasivas de alojamientos hoteleros.

Su conclusión es que Meliá privó a los europeos de uno de los «beneficios fundamentales» del mercado único, es decir, de «la posibilidad de disfrutar de una gama más amplia de elección y acceder a mejores condiciones en sus compras».

Según la Comisión, las condiciones generales de los contratos de Meliá con los operadores turísticos contenían una cláusula para que los contratos sólo fueran válidos para reservas de clientes residentes en países determinados.

Estos acuerdos podrían haber segmentado el mercado único europeo al restringir la libertad de los operadores turísticos de comercializar alojamientos hoteleros en todos los países de la Unión Europea y responder a solicitudes directas de clientes que no residían en los países especificados.

Como consecuencia, los consumidores no podían visualizar todos los alojamientos disponibles o reservar habitaciones a los mejores precios con operadores turísticos de otros Estados miembros.

El Ejecutivo comunitario ha tenido en cuenta la colaboración durante la investigación del grupo hotelero que, según ha indicado Bruselas, ha reconocido los hechos e infracciones y ofrecido pruebas, por lo cual le ha aplicado una reducción del 30% en la sanción, que se ha quedado en 6.678.000 euros.

La investigación concluyó que las cláusulas restrictivas suponen una discriminación entre los consumidores del Espacio Económico Europeo (EEE) en su lugar de residencia. Bruselas ha decidido, además, cerrar los expedientes abiertos en las mismas fechas contra cuatro operadores turísticos