Las policías harán controles en espacios públicos y transportes para garantizar la limitación de movimientos

El orden recopilación que hará falta tener en cuenta «en todo caso» la necesidad de garantizar que los ciudadanos «puedan acceder a su puesto de trabajo y a los servicios básicos en caso necesario», así como «permitir la movilidad del personal de entidades dedicadas a la prestación de servicios esenciales o al abastecimiento y distribución de bienes y servicios de primera necesidad».

El decreto de estado de alarma que ha aprobado el gobierno español establece que los ciudadanos sólo podrán circular por las vías de uso público para comprar alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros sanitarios; desplazamiento al puesto de trabajo; retorno al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidado de mayores, pequeños, dependientes y personas con discapacidad; desplazamiento a entidades financieras o de seguros, o por causa de bastante mayor.

La resolución aprobada por el Ministerio del Interior mantendrá su vigencia mientras la tenga el decreto de estado de alarma y tiene como destinatarios todos los cuerpos policiales, y también el personal de las empresas de seguridad privada. Todos ellos quedan bajo las órdenes de Grande-Marlaska para «la protección de personas, bienes y lugares|sitios», y con el objetivo de garantizar una «acción concertada». En la resolución se imparten «criterios comunes de actuación» a fin de que trabajen de forma «coordinada bajo el mando del ministro del Interior».

Así, la resolución afirma que «la ciudadanía tiene el deber cívico de colaborar y no obstaculizar la tarea de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones» y advierte que «el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente será sancionado según lo que disponen las leyes».

«Proporcionalidad y necesidad»

En cualquier caso, el orden del Ministerio observación que las medidas se tienen que aplicar de acuerdo con los principios de «proporcionalidad y necesidad», con el objetivo de «proteger la salud y la seguridad de los ciudadanía y contener la progresión de la enfermedad».

El Ministerio remarca que en todos los dispositivos de seguridad «se potenciará la colaboración y coordinación entre cuerpos policiales con competencia en cada ámbito territorial», así como la colaboración del personal de seguridad privada que preste servicio en las instalaciones y servicios afectados.

Centro de Coordinación Operativa

El Ministerio del Interior constituirá un Centro de Coordinación Operativa para asegurar una «transmisión permanente y continua de información» con las fuerzas de seguridad para la difusión de órdenes y directrices de actuación y para la recepción y seguimiento de novedades.

Apoyo a profesionales sanitarios

El orden también pone a disposición de las autoridades y de los profesionales sanitarios los cuerpos policiales para «auxiliar instituciones y profesionales» en las situaciones que sea necesario para poder prestar asistencia médica urgente. De hecho, se reforzarán las medidas policiales de seguridad para garantizar el funcionamiento de los centros sanitarios, y también a establecimientos que elaboran, almacenan y distribuyen productos farmacéuticos y sanitarios. Además, cuando haga falta también se dará apoyo a los desplazamientos de servicios sanitarios o de emergencias.

Suministro de alimentos

Además, los cuerpos policiales también tendrán que prestar apoyo a las medidas destinadas a garantizar el suministro de alimentos y de otros bienes y servicios, y se reforzarán medidas para garantizar el funcionamiento de infraestructuras críticas. También se harán tareas para garantizar el cierre de la actividad comercial y actos de culto.

Finalmente, la orden también prevé un apartado para la protección de la salud de los agentes y garantiza que «se observarán en todo caso las recomendaciones e instrucciones impartidas por las autoridades sanitarias» para la prevención del coronavirus.