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La UGT propone una renta para todas las personas que demuestren que no tienen ningún ingreso durante el estado de alarma

El sindicato considera que las medidas extraordinarias no están llegando a las personas con más necesidades

Imagen de archivo de unas depenedències de la Generalitat de Catalunya.

Unos 40.000 trabajadores de la Generalitat podrán trabajar dos días desde casa antes del veranoGeneralitat de Catalunya

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La UGT ha propuesto una renta económica para todas las personas que demuestren no tener ningún ingreso mientras dure el estado de alarma, decretado el 14 de marzo. En un comunicado, el sindicato considera que las medidas extraordinarias no están llegando a las personas con más necesidades que no están recibiendo ningún tipo de ingreso económico, ni procedente de un salario, ni de los beneficios de una actividad económica ni de la red de protección social de las administraciones públicas. «Creemos que todavía quedan agujeros en nuestra red de protección y necesitamos cubrirlos con el fin de asegurar la supervivencia de la ciudadanía y la cohesión social del país», han asegurado.
«No queremos dejarnos a nadie atrás y, por eso, necesitamos inyectar liquidez económica a todas las personas de manera inmediata», han añadido. La organización en representación de los trabajadores valora positivamente las medidas urgentes que incluye el real decreto ley 10/2020 publicado este martes ya que incluye medidas para dar respuesta a algunas de las situaciones de necesidad económica y social provocadas por la situación de emergencia de salud pública.

Con todo, consideran que sólo se están dando solución a algunos colectivos y son incapaces de dar respuesta a toda la ciudadanía. «Las consecuencias de esta crisis sanitaria empeoran el panorama laboral, especialmente para las personas que trabajaban con contratos especialmente precarios, o que conseguían sus ingresos a través de la economía informal», apuntan.

Según la UGT, el impacto que finalmente tendrá esta crisis sobre la ciudadanía y el aumento de la vulnerabilidad económica y social de las familias, dependerá de la movilización de los recursos que dispongan las administraciones públicas.

«Ahora mismo toda la ciudadanía tiene garantizado el acceso universal a la sanidad pública, pero no el acceso a los recursos necesarios para llevar una vida digna», argumentan. «No podemos permitir que otra vez las limitaciones económicas golpeen a las personas, ni nos podemos permitir incrementar otra vez las desigualdades sociales», añaden.

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