Se postpone el juicio por los atentados 17.ª hasta después del verano
El juicio por los atentados del 17.ª que se tenía que celebrar en los próximos meses, se retrasará a después del verano a causa del estado de alarma por el coronavirus
El abogado del AVT, Antonio Guerrero, explica en un vídeo las actuaciones en que está inmerso el departamento jurídico de la asociación durante el «lapso judicial» que ha supuesto el estado de alarma, «en el que las notificaciones de procedimientos están prácticamente paralizadas».
Este tiempo, explica Guerrero, lo están aprovechando para preparar, entre otros asuntos, este «importante» juicio, que, si bien «se tendría que haber juzgado antes del verano, esta situación» se aplazará, casi con toda seguridad, a después del verano.
Se trata, señala, de un juicio «muy complicado, con una ingente cantidad de testigos y pruebas periciales» y en que en más, el ministerio fiscal no va a acusar de asesinato terrorista, mientras que desde la AVT entienden que tienen que ser enjuiciados por este delito los tres procesados en esta causa.
Se trata de Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza, que cumplirán en agosto tres años en prisión preventiva -el máximo es de 4 años. Los dos primeros están acusados de integración en organización terrorista como miembros de la célula yihadista de Ripoll (Ripollès) que perpetró los atentados en la Rambla de Barcelona y al Paseo Marítimo de Cambrils, mientras que el tercero tendrá que responder por un delito de colaboración.
Ninguno de ellos ha sido procesado como responsable de los 16 muertos y 140 heridos en la masacre del 17-A, ya que los presuntos autores murieron abatidos para|por los Mossos d'Esquadra o en la explosión del chalet de Alcanar (Tarragona).
En este mismo vídeo, el abogado relata que el departamento jurídico está aprovechando también para estudiar y avanzar en otros sumarios que serán llevados a juicio «en un lapso judicial relativamente breve».
En dos de ellos está acusada la exdirigente etarra Solitud Iparaguirre, Anboto, que después de cumplir condena en Francia fue extraditada en España en septiembre.
Uno es por el asesinato , el 26 de junio de 1985, del cartero de la localidad alavesa de Amurrio Estanislao Galíndez, a quien ETA consideraba un confidente policial, y el otro, por haber facilitado armamento al pedido Itsasadar, que el 13 de enero de 1995 mató a al policía nacional Rafael Leyva e hirió a otro agente en un atentado en unas dependencias del DNI de Bilbao.
También recuerda el letrado que está pendiente el juicio en breve termine a una célula yihadista formada por internos de la prisión de Valdemoro (Madrid) y que utilizaban esta circunstancia para radicalizar otros internos para la futura comisión de atentados terroristas una vez fueran puestos en libertat.