Economía
El Gobierno defiende que la renta garantizada pueda complementar el nuevo Ingreso Mínimo Vital
Reclama un traspaso automático de beneficiarios de oficio para evitar burocracia
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El RGC funciona en Cataluña desde septiembre del 2017 y tiene actualmente 81.636 expedientes y 127.711 beneficiarios. Asuntos Sociales celebra la creación por parte del Estado de una prestación para las familias más vulnerables y considera un «reto histórico» la posibilidad de coordinar conjuntamente las políticas de protección e inserción sociolaboral, «siempre dentro del respectivo marco competencial», ha añadido.
Así, remarca que la renta tiene que ser y seguir siendo subsidiaria de cualquier otra prestación pública, incluyendo el nuevo IMV, y que las comunidades autónomas no tendrían que tener límite en la complementariedad ni en la compatibilidad de este ingreso, según establezcan las normas legislativas de cada una de ellas y en el marco de sus competencias.
El departamento remarca que es el momento de la «coordinación basada en el respeto competencial», y eso tiene que permitir que las comunidades puedan elaborar y diseñar las políticas de protección adaptadas a su singularidad territorial, social, demográfica y económica
El Gobierno plantea que las personas que soliciten el IMV y provengan del RGC dispongan de un acceso ágil, rápido y sencillo, de manera que sean convalidables aquellos requisitos ya comprobados por las comunidades autónomas, desburocratizando todo el proceso de tramitación. Para evitar formular una nueva solicitud, se tendría que efectuar el traspaso de beneficiarios de oficio. Además, para acceder al IMV no se tendrían que computar los ingresos de los meses inmediatamente anteriores a la solicitud de aquellas personas beneficiarias del RGC, en opinión del Gobierno
Considera que la gestión del IMV en las CCAA tendría que seguir el mismo modelo que en el sistema de pensiones no contributivas: asegurar la gestión por parte de Gobierno de la Generalitat y dotarlo de suficientes recursos humanos, logísticos y económicos.
El Gobierno pide un ajuste de las legislaciones de prestaciones no contributivas estatales a fin de que no computen los ingresos que provengan de rentas mínimas y que se pueda elevar el porcentaje de las prestaciones complementarias autonómicas.