La desescalada pone a prueba la responsabilidad individual y el civismo

Con la desescalada en marcha desde ayer en media España y con la otra media pendiente de sumarse a ella con la mayor celeridad, los epidemiólogos repiten como un mantra las claves de esta nueva fase de convivencia con la pandemia, en la que el principal peligro es el rebrote: detección precoz y rastreos, cautela y medidas de seguridad.

Detección precoz, rastreos y aislamientos son las prioridades que tienen marcadas las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y del Gobierno, que acaba de decretar una cuarentena obligatoria de 14 días para quienes lleguen a España desde el extranjero a partir del próximo viernes mientras dure el estado de alarma, vigente de momento hasta el día 24, aunque el Ejecutivo ya sondea a los partidos para ampliarlo un mes más.

Cautela, vigilancia y medidas de seguridad es el mensaje dirigido a la responsabilidad individual, que cobra notoriedad a la vista de algunas vulneraciones de las normas vistas ayer, ejemplos de lo que no se debe hacer para que la epidemia, en fase de control, no se reproduzca como en Alemania, donde hoy se ha informado de 933 casos, o China, que estudia si se hacen test a los 11 millones de habitantes de Wuhan por el miedo a una segunda oleada.

Según el Ministerio de Sanidad, el brote de coronavirus en España «está en sus últimas fases» con una oscilación a la baja de los nuevos contagios, que este martes han acusado menos que otras veces los efectos del retraso de las notificaciones del fin de semana con un ligero repunte hasta los 426, que también se ha producido con las 176 muertes certificadas.

Con los nuevos casos concentrados en buena medida en cuatro comunidades, Cataluña, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, la epidemia ha causado ya en España 29.920 fallecidos, 228.030 positivos detectados mediante pruebas PCR (casi 49.000 de personal sanitario), 123.484 hospitalizaciones, 11.371 ingresos en ucis y 138.980 enfermos curados.

Control de la desescalada

La rápida detección de nuevos casos es fundamental para el control de la desescalada, con los servicios de atención primaria como avanzadilla, pendientes de los test que se deben hacer a todas las personas con síntomas de la COVID-19 en las primeras 24 horas para determinar si están infectadas y, en su caso, proceder de inmediato a rastrear sus contactos a fin de aislarlos y cortar así cualquier eventual cadena de contagios.

Este es el gran reto que tienen las autonomías que han pasado a la fase 1 y el que deben acreditar aquellas como Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que total o parcialmente siguen en la fase 0, pese a haber solicitado un avance que consideran justificado y que piden de nuevo esta semana, unas poniendo el acento en las acusaciones de partidismo y en los agravios, otras en la claridad y la transparencia.

El líder del PP, Pablo Casado, que ha vuelto a reclamar este martes el fin del estado de alarma, ha criticado la desescalada, porque cree que se está haciendo de manera «partidista», al tiempo que ha defendido la gestión en Madrid de la presienta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado de «icono».

Madrid conocerá el viernes si pasa a la fase 1 como ha vuelto a pedir, al igual que lo ha hecho Castilla-La Mancha para las provincias de Toledo y Albacete y que han anunciado que harán Andalucía para las de Málaga y Granada y Castilla y León para algunas de sus zonas sanitarias. La Comunidad Valenciana todavía no lo ha presentado, pero se espera que lo haga en breve, tras la reunión «aclaratoria» mantenida con el Ministerio de Sanidad.

Mientras Madrid, Andalucía y Valencia pugnan para pasar cuanto antes en su totalidad a la fase 1, Cataluña, cuyos datos de contagios son actualmente los peores, se aferra a la prudencia y no da pistas sobre si decidirá esta semana ampliar el desconfinamiento que sólo afecta de momento al 10 por ciento de su población, aunque no ha habido ningún signo de que Barcelona y su área metropolitana vaya a emprender de momento ese camino.

Prudencia es lo que han pedido este martes las autoridades sanitarias ante algunas conductas en el primer día de la desescalada calificadas de poco ejemplares y otras que se han hecho acreedoras al epíteto de «temerarias», como las concentraciones de personas en algunos bares de Sevilla, que tuvieron que cerrar.

Cuarentena para viajeros

Los movimientos de personas, que durante la primera fase se deben circunscribir a la provincia o el territorio sanitario correspondiente, se restringirán desde el viernes para los viajeros que lleguen a España desde el extranjero, que a partir de ahora se deberán someter a una cuarentena de 14 días, durante los que sólo podrán desplazarse para acudir a centros sanitarios o comprar alimentos y productos farmacéuticos.

Según una orden del Ministerio de Sanidad publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, esta medida, que ya se aplicaba en países como Italia o Alemania, estará vigente mientras dure el estado de alarma, en principio hasta el próximo día 24, cuando se podría prorrogar por quinta vez.

El sector turístico, incluidos hoteles y agencias de viajes, así como las aerolíneas, consideran la iniciativa «un mazazo» para sus respectivos intereses, muy mermados por las malas previsiones para los próximos meses relacionadas con la movilidad.

Esta restricción afecta de manera particular al sector aéreo, que como otros medios de transporte debe aplicar medidas de seguridad, como la toma de temperatura, pero las aerolíneas no están dispuestas a dejar asientos libres para separar a los viajeros porque consideran que ello les obligaría a una subida importante de los billetes o, en caso contrario, a comprometer su subsistencia.

En medio de este debate, la Guardia Civil ha denunciado a Iberia y Air Europa por incumplir las medidas sanitarias de separación entre pasajeros en tres vuelos: dos procedentes de Madrid a Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca y otro que conectaba Palma e Ibiza, que volaron con una alta ocupación.