El estado de alarma ofrece una prórroga a los afectados por el caso del Popular y provoca una avalancha de nuevas reclamaciones

Así lo confirma el socio fundador de Navas & Cusí Advocats, Juan Ignacio Navas, especializado en derecho bancario, financiero, comunitario y mercantil. «Durante el último mes hemos recibido en torno a 200 consultas sobre el caso del Popular, cinco veces más respeto al qué estamos acostumbrados habitualmente», afirma. Esta nueva avalancha de consultas también viene motivada porla gran bolsade inversores que todavía no había movido ficha, una cantidad que se desconoce pero que desde de ASUFIN aseguran no es poca. «Aunque hay una gran oferta de abogados que se dedica a resolver temas financieros, entre un 70% y un 80% de los consumidores no reclaman», apuntaPatricia Suárez. Aunque el Santander no ha dado a conocer el número de accionistas afectados por el caso del Popular, la Junta Única de Resolución (JUR) europea informó en octubre de 2018 que había recibido 12.000 quejas sobre la resolución preliminar que evitaba compensaciones a sus inversores. Por otra parte, el Popular contaba con unos 300.000 accionistas una vez se formalizó la compra por parte del Santander.

Enviar un burofax: la solución para no perder el derecho a reclamar

Aunque el estado de alarma haya ofrecido una prórroga a todos aquellos afectados que quieren reclamar, tanto los abogados cómo lasasociaciones de consumidores recomiendan actuar con juicio a la hora de tramitar las demandas. En este sentido, la ley fija que el plazo de prescripción puede quedar suspendido o paralizado mediante el envío de un burofax en la entidad bancaria (en este caso el Santander). Una vez realizado este trámite, los afectados disponen de tres años más para presentar una demanda. «A estas alturas, nosotros recomendamos que se interrumpa la prescripción y se presente una denuncia con más calma; nuestro trabajo tiene una parte artesanal y no queremos hacer una chapuza», explica Juan Ignacio Navas.

De hecho, este abogado lamenta la poca información que se ha dado sobre el tema e indica que muchos de los clientes piensan que el plazo para presentar una denuncia formal vence durante los próximos meses. Navas pide «paciencia» y recuerda que más del 80% de los afectados por|para el caso del Popular han ganado la batalla judicial «cuando la acción ha quedado bien planteada». «La jurisdicción es lenta y tenemos que hacer las cosas bien», añade.

La ola|oleada de reclamaciones, además, abre una nueva incógnita. ¿Cómo se resolverán las nuevas sentencias dentro de un escenario no nueva normalidad? La presidenta de ASUFIN cree que el sistema judicial y las entidades financieras todavía tienen que resolver «la gran brecha digital» que sufren, aunque se muestra optimista de cara al futuro. «Durante estos días hemos visto juicios en línea que han funcionado muy bien», explica. Por otra parte, comenta que el sistema judicial español ya estaba saturado antes de la crisis del coronavirus, así que el escenario de cara los próximos días tampoco cambiará tanto.

Un caso cargado de polémica

Casi tres años después de que el Santander adquiriera el Popular por el precio simbólico de un euro (la entidad liderada por Ana Botín tuvo que realizar una ampliación de capital de 7.000 MEUR), la Audiencia Nacional sigue investigando las presuntas irregularidades que provocaron la bancarrota del banco. Los dos últimos presidentes del Popular (Ángel Ron lo fue entre 2006 y 2017 y Emilio Saracho ocupó el cargo durante unos pocos meses) se tiraron acusaciones cruzadas en el Congreso de los Diputados a la hora de señalar el cual era el principal culpable de la desaparición de la entidad.

Por otra parte, el tribunal decidió abrir diligencias a finales del año pasado contra la JUR y Deloitte al detectar un posible delito de falsificación documental en el informe que señalaba la inviabilidad del banco. De momento, la crisis del coronavirus también ha pospuesto las declaraciones de testimonios como la misma Ana Botín o el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos (entonces ministro de Economía del gobierno español) para resolver el caso.