Parada la recepción de solicitudes de ayudas al alquiler después de que la convocatoria haya quedado desbordada

En paralelo, el Departamentde Territori i Sostenibilitat también ha reclamado que se pongan en pleno funcionamiento los microcréditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar el alquiler anunciados por el gobierno español. Estos microcréditos permitirían que las personas que no puedan acceder a las ayudas covid-19 dispongan de otra vía de financiación para hacer frente a las dificultades en el pago del alquiler derivadas de la epidemia.

Desde Territori consideran que también se tendría que doblar el importe dedicado al 'Plan Nacional de Vivienda', que en el caso de Cataluña significaría pasar de 200 a 400 millones por poder ofrecer subvenciones e incentivos para incrementar la promoción de viviendas de alquiler asequibles.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, y el secretario de la Agenda Urbana y Territori, Agustí Serra, expusieron estas demandas a la reunión que mantuvieron el pasado 28 de mayo con el secretario general de la Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas. El mismo presidente de la Generalitat, a Quim Torra, las pidió al presidente Pedro Sánchez el pasado 23 de mayo y se incluyeron en el listado de las 40 medidas urgentes a tomar que planteó el Govern catalán.

A la espera de la respuesta que pueda dar el gobierno del Estado a todas estas peticiones, la Generalitat estudia destinar fondos de contingencia para complementar la partida de las ayudas covid-19 para el pago del alquiler, porque considera que las ayudas al alquiler ante la emergencia por la pandemia no se tienen que acabar con esta convocatoria.

Para reducir el gasto en vivienda a afectados por ERTE, en situación de paro o con pérdidas sustanciales de ingresos y situación de vulnerabilidad, el Govern aprobó una moratoria en el pago del alquiler de viviendas y locales gestionados por la Agencia de l'Habitatgede Catalunya. La moratoria se prolongará mientras dure la emergencia. También se ha adelantado el pago de la subvención al alquiler que reciben las personas mayores de 65 años y las mujeres víctimas de violencia de género.

Además, se ha ofrecido asesoramiento para solicitar un aplazamiento en el pago de la cuota mensual del alquiler o de la hipoteca o para acceder a la línea de microcréditos del ICO para financiar el arrendamiento. Con respecto a las actuaciones para evitar situaciones de exclusión residencial inmediata, se ha velado por la suspensión de los desahucio a los inquilinos con contrato, y por la prórroga de los contratos de alquiler que finalicen durante el estado de alarma.

Ayudas ordinarias al pago del alquiler

Más allá del paquete de medidas extraordinarias impulsadas por el Govern para hacer frente a la covid-19, la semana pasada se publicó la convocatoria ordinaria de ayudas al pago del alquiler del 2020. La voluntad del Govern es seguir dando respuesta a las familias que necesitan las ayudas para poder seguir viviendo en su vivienda de manera habitual y continuada.

Así, esta línea de ayudas que se convoca anualmente de forma regular está pensada para las personas que no se encuentran en situación de vulnerabilidad inminente, pero que podrían ver entregadas si no cuentan con una ayuda. Para esta convocatoria, hay un presupuesto inicial de 20 millones de euros, ampliables. El año 2019, de estas ayudas ordinarias se beneficiaron 52.073 familias.

La subvención se concede por un importe anual máximo de 2.400 euros, es decir, de 200 euros mensuales como máximo, y se ajusta en función del esfuerzo que supone para la unidad familiar el pago del alquiler. Así, la subvención puede ser del 20% del importe de la renta de alquiler anual cuando el esfuerzo por pagar el alquiler sea igual o inferior al 30% de los ingresos de la unidad de convivencia; del 30% del importe de la renta cuando este esfuerzo sea superior al 30% e inferior al 40%, y del 40% si es igual o superior al 40% de los ingresos. Con respecto a los requisitos sobre el precio del alquiler, el límite mensual para las viviendas de la demarcación de Barcelona es de 750 euros mensuals; en Girona y en Tarragona es de 500; de 450 en la demarcación de Lleida, y de 350 en las Terres de l'Ebre.