Condenan a dos años y cuatro meses de prisión un jefe de los Mossos por el desalojo de plaza Catalunya del 2011

La Audiencia de Barcelona condena a dos años y cuatro meses de prisión el actual jefe de la ARRO en Barcelona, Jordi Arasa, por el desalojo de la acampada de plaza Catalunya en mayo del 2011. Lo condena por dos delitos de lesiones porque no ve justificado que golpeara los acampados. «En ninguno de los casos estaba justificado que el acusado hiciera uso de su defensa y no se puede hablar de error porque no actuó ante una situación de riesgo para proteger ningún bien jurídico», dicen las magistradas, que apuntan que no se produjeron enfrentamientos ni ninguna situación de tensión porque la gente estaba sentada de forma pacífica. Arasa estará suspendido de cargo público durante el tiempo de condena.

Arasa estaba acusado de golpear a cinco activistas del 15-M durante el desalojo. Mientras esperaba sentencia fue ascendido y se convirtió en el nuevo jefe del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) a Barcelona.

El ahora inspector tendrá que pagar una indemnización de 1.500 euros por las lesiones causadas. Estará suspendido de cargo público durante el tiempo de condena. La sala sí que lo absuelve de dos faltas de lesiones y del delitos contra la integridad moral del cual también se lo acusaba.

«Al acusado se le presupone que sabe controlar la situación y no dejarse llevar por una tensión que en este caso tampoco apreciamos», apunta la sentencia.

Las magistradas subrayan que no se produjeron enfrentamientos con la policía, y que las líneas policiales no se hicieron para contener a la gente, «sino para controlar que nadie saliera de la plaza o entrara». «Pero en ningún momento hubo ningún intento de superar estas líneas y abordar la plaza, no hubo ningún incidente que justificara cargas policiales con las defensas contra personas sentadas, no había situación de tensión porque la gente estaba sentada de forma pacífica», insiste.

Las magistradas recuerdan que la actuación de los Mossos tenía como objetivo posibilitar la entrada y salida de los camiones de la limpieza, «y por eso en ningún caso estaba justificado golpear a ninguna persona, excepto que esta última ponga en peligro algún bien jurídico que justifique de alguna manera la conducta del agente». «No pasó nada de eso en los casos juzgados», insiste.