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El fiscal justifica pedir pena por desobediencia para no dejar «impunes» Trapero, Puig y Soler

Pedro Rubira dice que la «inacción» y «omisión» de los Mossos permitió el referéndum del 1-O

El fiscal Pedro Rubira durante su intervención en el juicio de la Audiencia Nacional.

El fiscal justifica pedir pena por desobediencia para no dejar «impunes» Trapero, Puig y SolerACN

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El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira ha justificado este lunes que el ministerio público introdujera en las conclusiones definitivas el delito de desobediencia como alternativa al de sedición contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la antigua cúpula de Interior, para no dejar «impune» su actuación si el tribunal no ve probado el delito de sedición. Según Rubira, los acusados quizás no actuaron directamente a favor del referéndum, pero no hicieron nada para impedirlo, y su «inacción» o «omisión» se puede penar, sino con el delito de sedición, al menos con el de desobediencia, ya que habrían desobedecido las órdenes del Tribunal Constitucional, el fiscal superior de Cataluña y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En su turno durante la presentación del informe final de la fiscalía, ha acusado Trapero, Cèsar Puig y Pere Soler de haber «intentado servir a dos señores»: por un lado al independentismo, y por el otro a las autoridades judiciales. Esta «tibiez» es la que considera que puede suponer la desobediencia. De hecho, les ha dicho que si estaban en contra del referéndum habrían tenido que dimitir de sus funciones, como habían hecho previamente el conseller de Interior Jordi Jané y el director de los Mossos Albert Batlle. «Tácitamente aceptaban» los hechos que se iban produciendo, ha asegurado.

El fiscal ha estado bastante duro con Cèsar Puig, ya que considera que no puede alegar falta de competencias para intentar impedir el referéndum. Según el fiscal, Puig estaba en varias reuniones y recibía los correos electrónicos sobre el 1-O, y por lo tanto era conocedor de algunos de los planes policiales para supuestamente «aparentar» que se intentaría impedir la votación.

Para Rubira, no se puede alegar que los planes del Gobierno eran públicos y notorios para no intentarles impedir. «Aunque se publique en la prensa, no deja de ser ilegal», ha lanzado.

También ha centrado parte de su intervención en la intendente Teresa Laplana y su actuación el 20-S enEconomía. Ha asegurado que la concentración no era violenta, pero tampoco pacífica, ya que intentaba impedir, según su criterio, una actuación policial y judicial. Además, considera que al inicio de la concentración «no era imposible» hacer alejar los concentrados del edificio. «Los Mossos creyeron que su orden público pasaba por encima de la resolución judicial», ha asegurado. Esta actuación «desleal» de los Mossos hizo que la fiscalía superior nombrara como coordinador policial a Diego Pérez de los Cobos, ha dicho el fiscal.

En su alegato, el fiscal ha hecho varias comparaciones entre la actuación de los Mossos para el 1-O y la de otros cuerpos policiales en la lucha contra el yihadismo o el terrorismo de ETA.

Rubira también ha querido recordar al tribunal que en su sentencia tiene que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, ya que es su superior jerárquico y la resolución será revisada por el alto tribunal español.

Con respecto a la diferencia entre sedición y desobediencia, Rubira ha recordado que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros exconsellers fueron condenados por desobediencia en el marco de la consulta del 9-N. Pero el 1-O fue un referéndum no autorizado, y eso implica un hecho más grave.

También ha criticado Trapero para no asistir a las reuniones de coordinación con Diego Pérez de los Cobos, de quien ha elogiado su tarea. Según el fiscal, las reuniones eran de jefes, y Trapero hubiera tenido que asistir a pesar de las diferencias de criterio con el coronel de la Guardia Civil.

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