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La abogada de Trapero dice que Guardia Civil y CNP quieren que se lo condene por «restablecer» su imagen del 1-O

Tubau pide a la Audiencia Nacional que no «recorte y enganche» la sentencia del Supremo y tenga en cuenta las pruebas

La abogada de Trapero y Laplana, Olga Tubau, durante su intervención en el juicio de la Audiencia Nacional.

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La abogada de Josep Lluís Trapero, Olga Tubau, ha asegurado este martes que la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen «interés directo» en el juicio contra el mayor de los Mossos d'Esquadra en la Audiencia Nacional porque si la sentencia dice que la actuación policial del 1-O fue un fracaso por culpa de la policía catalana, los cuerpos estatales verán su imagen pública «restablecida». Por eso, considera que en los atestados policiales y las declaraciones testificales ha habido cierto sesgo político. También ha advertido al tribunal que no puede «recortar y enganchar» fragmentos de la sentencia del Tribunal Supremo porque las pruebas de cada juicio han sido diferentes.

En la primera parte de su informe final, Tubau ha querido desmontar la tesis general de la acusación pública y de los informes de la policía judicial y de sus declaraciones judiciales. Así, ha recordado que no se puede acusar por rebelión a Trapero, ya que el Supremo ya descartó que los hechos de septiembre y octubre del 2017 lo fueran. En este sentido, ha dicho que el Supremo estableció aquellos hechos como sedición, pero la Audiencia Nacional tiene que establecer si Trapero y Laplana participaron. En este punto cree que tampoco hay pruebas en contra de sus clientes, ya que no consta que el cuerpo de Mossos se alineara con las tesis independentistas del Gobierno Puigdemont. De hecho, ha recordado que cuando Trapero fue ascendido a jefe del cuerpo en el 2013 por parte de un conseller de Interior no independentista, Ramon Espadaler, algunos sectores independentistas recelaron de este nombramiento.

Por último, considera que la incorporación a última hora de la alternativa de desobediencia por parte de la fiscalía es una admisión del ministerio público que no tiene prueba de cargo suficiente para condenar por sedición.

Con respecto a la diferenciación entre la actuación de los Mossos el otoño del 2017 y la del 2019, que la fiscalía atribuyó a la presencia o no de Trapero al frente del cuerpo, su abogada ha dicho que la diferencia fue la diferente actitud de los manifestantes.

La letrada considera que la actuación policial conjunta el 1-O fue un «fracaso» y no permitió cumplir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fue un fracaso policial pero también político, ha dicho Tubau. Por eso, cree que Guardia Civil y Policía Nacional tienen «interés directo» al «restablecer» su imagen y por eso quieren que Trapero sea condenado y considerado «único responsable» del fracaso policial. De hecho, Tubau cree que se lo quiere hacer responsable de la actuación de los otros cuerpos policiales e incluso de la actuación «incorrecta» de algunos mossos d'Esquadra, como si fuera «omnipresente y todopoderoso». «No tiene poderes mágicos para convencer a todo el cuerpo y los mandos» para hacer la independencia vulnerando la ley, ha dicho Tubau.

Entrando en los detalles de la investigación policial y judicial, Tubau ha recordado que un primer atestado de la Guardia Civil como policía judicial el 23 de septiembre apuntaba el delito de sedición contra los 'Jordis' y no mencionaba que Trapero pudiera formar parte del comité ejecutivo del documento 'EnfoCATs'. En cambio, en un segundo atestiguado del 5 de octubre se dice que Trapero formaba parte «indudablemente» de este supuesto órgano independentista. Pero Tubau recuerda que el atestado tenía que hablar del 20-S, no del 1-O, y que no había ninguna prueba fehaciente sobre la presencia de Trapero en estas reuniones. De hecho, ha recordado que, aparte de los condenados en el Supremo, los otros cargos que sí que salen mencionados en el documento 'EnfoCATs' sólo están acusados de desobediencia por parte del juzgado de instrucción número 13 o el TSJC, mientras que Trapero, que no sale, está acusado de sedición. Según Tubau, este segundo atestiguado era la «primera gran oportunidad» de hacer Trapero responsable «en exclusiva» del «fallido dispositivo policial conjunto».

Respecto de Laplana, Tubau ha mencionado que no consta ninguna reunión, encuentro o llamada con ninguno de los líderes independentistas, y sólo quedó registrada una sola llamada el mediodía del 20-S con Trapero.

La letrada ha considerado «desconcertante»el relato del fiscal sobre aquel día, puesto que considera poco creíble que los Mossos inicialmente no hicieran nada y al final sí que colaboraran con la Guardia Civil. «Si no se hizo más y mejor no es porque no se quisiera, sino porque no se pudo; no querer puede ser delictivo, pero no poder, no», ha asegurado. También ha recordado que el día antes los Mossos ayudaron la Guardia Civil a salir de la sede deUniposten Terrassa y el mismo día 20 en otros cacheos. «Por conjunción de los astros, 24 horas después,Traperoreniega de su compromiso constitucional y convence, no se sabe como, la intendenteLaplanapara posicionarse junto a los levantados tumultuosos», ha ironizado, añadiendo que tampoco se sabe como el resto de la jefatura del cuerpo se va unióa estas intenciones.

En todo caso, ha dicho que a primera hora de la mañana ya era complicado retirar los concentrados con los pocosantidisturbiosdisponibles, y cuando llegaron más la concentración ya era tanimportanteque también fue inviable.

Actuación previa de los Mossos

La abogada ha defendido el hecho de que se concentrara, desde meses antes, todas las investigaciones sobre el proceso independentista en la Comisaría General de Información de los Mossos, ya que era la interlocutora habitual con la Audiencia Nacional y la que trataba «temas de gran conflictividad social». Todos los mandos estuvieron de acuerdo, ha dicho.

Tubau también ha defendido el papel de Trapero y de los Mossos a la hora de aprobar el plan Agora, a finales de agosto y cuando la fecha del referéndum todavía no se había aprobado oficialmente por el Parlament,cosa que justificaba, según ella, que no se incluyera ningún dispositivo especial para el 1-O. Una vez la fiscalía pidió un plan detallado, ni la Guardia Civil ni a la Policía Nacional lo criticaron, sólo lo hizo el ministerio público, ha recordado. Además, ha recordado que las instrucciones de la fiscalía, a pesar de ser supuestamente secretas, se filtraban en la prensa, y que, por lo tanto, los dirigentes de la Generalitat las conocían sin que los Mossos las enviaran.

También ha remarcado que el hecho de que más de 200 escuelas no abrieran el 1-O se debe en buena parte a las cartas que los Mossos enviaron, personalizadas, a los directores de los centros advirtiéndolos de posibles consecuencias penales si abrían los colegios electorales. En cambio, la fiscalía da más relevancia a las cartas, sin personalizar, que envió el delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo.

La letrada también se ha referido a las reuniones del 26 y 28 de septiembre, la segunda, a petición del propio Trapero. Tubau ha recordado que la sentencia del Supremo considera como hechos probados que los «máximos responsables policiales de los Mossos» pidieron «expresamente la suspensión de la votación». «El fiscal, en cambio, acude al apartado de juicio de autoría, porque es menos contundente aconsejar la desconvocatoria que suspenderla directamente», detalla.

A su entender, lo que hace Trapero es «ir más allá» y «pide que se desconvoque» en lo que considera un «acto clarísimo de obediencia al mandato judicial» que desmonta «no sólo la sedición sino también la desobediencia». En este sentido, Tubau ha insistido que si el mayor de los Mossos intentó que el gobierno parara sus planes hasta el último momento, «¿cómo puede pasar a dar apoyo?». «Es que no hay una respuesta, ni razonable ni no razonable. No está».

En relación a las llamadas durante el 1-O, Tubau remarca que aquel día más allá del conseller Forn, Trapero no contactó con ningún otro miembro del gobierno, ni de la ANC ni de Òmnium. «Si no existieron contactos es porque el señor Trapero, lejos de compartir la voluntad que se hiciera el referéndum, diseñó un dispositivo dirigido a cumplir el auto del TSJC, junto con los otros cuerpos policiales», ha afirmado. En este sentido, ha reiterado que no había casa del tipo de «relación personal» entre Puigdemont y el mayor de los Mossos.

El plan de detención

En relación en el plan de detención de Puigdemont y el resto del gobierno, Tubau ha rebatido las acusaciones del fiscal Pedro Rubira que aseguró que Trapero habló del plan porque se animó al Supremo explicándolo. La abogada ha asegurado que el correo que hace referencia al plan consta desde abril del 2018 en esta causa. Tubau también le ha recriminado al fiscal que comparara Trapero con un miembro de un «comando terrorista que delata a sus compañeros». «Mantener una acusación es legítimo pero este tipo de comparaciones hacen daño», ha afirmado. Tubau continuará su informe final este miércoles por la mañana.

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