Sucesos
Cae un grupo criminal dedicado al cultivo de marihuana en naves industriales: 26 detenidos decomisado 1 MEUR en drogas
La organización disponía de once almacenes repartidos por toda Cataluña, cinco de los cuales ubicados en Tarragona
Inicio de la operación: en febrero en Castellví de Rosanes
La investigación se inició durante la segunda quincena del mes de febrero, cuando los Mossos localizaron una plantación de marihuana en una nave industrial de Castellví de Rosanes. Fruto de las indagaciones policiales los investigadores determinaron que detrás de los responsables de la plantación había un complejo entramado criminal que controlaba muchas más plantaciones de marihuana, ubicadas en diferentes municipios de la geografía catalana, para su posterior distribución dentro y fuera de Cataluña.
El grosor del entramado estaba formado por personas de nacionalidad albanesa y de otras zonas del Balcanes, aunque también contaban con la colaboración de personas de nacionalidad española y marroquí. Todos con varios antecedentes por delitos contra la salud pública en otros países europeos. Los agentes comprobaron que los investigados habían alquilado varias naves y domicilios en diferentes puntos de Cataluña con el objetivo de establecer una red de cooperación para el cultivo y la distribución de marihuana a lo grande cantidades.
Alto nivel de vida: 5.000 euros en el mes por el alquiler de casas
En paralelo, el investigadores constataron que los integrantes de la organización llevaban un nivel de vida muy elevado, aunque ninguno de ellos disponía de trabajo estable remunerado, como lo demuestra el hecho de que pagaran hasta 5.000 euros en el mes por el alquiler de casas de alto estanding o por las naves industriales o la compra de relojes de alta gama, algunos de los cuales con valor superior a 11.000 euros. La organización contaba con una estructura bien definida y con una clara distribución de tareas de cada uno de los miembros.
Un jugador profesional de la segunda división albanesa, entre los arrestados
Los responsables de la organización, entre los cuales había un jugador de fútbol profesional de un equipo albanés de segunda división, disponían de varios grupos de personas encargadas de vigilar continuamente las naves industriales donde tenían las plantaciones. A veces incluso los cerraban en su interior, donde vivían en condiciones precarias. Los investigadores constataron que para hacer los envíos de drogas fuera de Cataluña la organización utilizaba camiones de transportes de mercancías para eludir los controles y los cierres de fronteras establecidos con motivo de la covid-19.
Además, todos el miembros del grupo con el fin de evitar la acción policial siempre desplazaban de madrugada por el territorio catalán, y cambiaban continuamente de vehículos y de vías de comunicación. La organización había llegado a un elevado nivel de especialización y tecnificación de los cultivos de manera que podían desmantelar y reinstalar rápidamente toda una plantación de marihuana de más de 1.500 plantas si tenían sospechas que la policía les vigilaba. Aunque disponían de la infraestructura, la tecnificación y el conocimiento para hacer cultivos todavía más extensivos preferían disponer de plantaciones más reducidas pero muy repartidas por todo el territorio, con el objetivo de poder garantizar siempre la continuidad de la producción si algunas era intervenida por la policía.
225 kilos de ovillos de marihuana y 5.600 plantas
El martes pasado 16 de junio se estableció un operativo policial, tutelado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Martorell, que permitió detener nueve miembros de la organización y llevar a cabo siete entradas y cacheos en Vic, Castellví de Rosanes, Tarragona, Reus, el Masnou y Montcada i Reixac, cinco en naves industriales y dos en domicilios. El operativo policial, en sus diversas fases, ha permitido la intervención de 225 kilos de ovillos de marihuana preparados para su consumo, 5.600 plantas de marihuana en adelantado estado de crecimiento y 1.000 esquejes de marihuana.
El total de las sustancias intervenidas tendría un valor superior al millón de euros en el mercado ilícito catalán, aunque se podría triplicar su valor una vez fuera del estado español.