El estado de alarma decae este domingo en todo el Estado después de 98 días y da paso a la 'nueva normalidad'

El estado de alarma se decretó el domingo 14 de mayo. Sánchez anunció la decisión después de que la cifra de muertos llegara a 120 personas y hubiera más de 4.000 casos confirmados. Las competencias quedaron centralizadas en un mando único estatal, formado por Sánchez y los ministerios de Sanidad, Interior, Transportes y Defensa. Mossos, médicos y todos los trabajadores públicos pasaron a estar bajo las órdenes del Estado español.

Las autonomías pasaron a tener únicamente la competencia en la gestión de los servicios pero bajo las «órdenes directos» del gobierno español, que tenía que autorizar las propuestas autonómicas. El decreto sólo permitía la circulación individual de la ciudadanía para comprar productos básicos, ir al médico, a trabajar o por fuerza mayor. Las escuelas ya se habían cerrado previamente. Con el estado de alarma, cerraron los establecimientos no esenciales.

Tensión con la Generalitat

Desde el primer momento, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se opuso al estado de alarma y la centralización de las decisiones. «La receta del presidente Sánchez y el gobierno PSOE-Podem es confinar a la Generalitat», lamentó. El Gobierno reclamó desde el principio que el confinamiento de la población fuera total con la prohibición de los desplazamientos a los puesto de trabajo excepto que fueran considerados esenciales. Quince días después de declarar el estado de alarma, el gobierno español decretó el confinamiento total durante sólo dos semanas, coincidiendo con la Semana Santa.

En aquel momento, la Generalitat pidió que se alargara y defendió que se habrían podido evitar muertoscon medidas más drásticas. Otra decisión del Estado muy criticada ha sido la centralización de las compras de material en un primer momento, que el Ministerio de Sanidad rectificó en días por la falta de eficiencia al asumir una tarea que es competencia de las autonomías. Las autonomías también se han quejado de que a las reuniones que los presidentes han mantenido con Sánchez, jefe del ejecutivo español se limitaba a comunicarles decisiones ya tomadas y anunciadas a la prensa.

Crispación creciente en el Congreso

El estado de alarma sólo tenía que ser avalado por el Congreso en caso de prórroga. La primera, que se debatió el 25 de marzo, contó con un amplio apoyo y ningún voto en contra. PP, Vox, Cs, PNV y Más País votaron a favor mientras ERC, JxCat y la CUP se abstuvieron. En aquella primera prórroga, Sánchez ya recibió críticas por una gestión que el PP tildó «de ineficaz» y por unas medidas que los grupos independentistas consideraban que se quedaban cortas.

Vox pasó al 'no' a la segunda prórroga. También lo hizo la CUP. El gobierno español fue perdiendo apoyos. JxCat se sumó al 'no' a la tercera prórroga, aprobada el 22 de abril. ERC también acabó votando 'no' a la cuarta prórroga y el PP advirtió con una abstención. La votación más crítica fue la quinta, el 20 de mayo, cuando el PP votó 'no' y el ejecutivo no consiguió que ERC volviera a la abstención. A pesar de tener el apoyo de Cs y el PNV, el PSOE firmó un acuerdo con EH Bildu para derogar la reforma laboral y asegurarse que no votara en contra, lo cual generó una crisis dentro del gobierno.

Es desde aquella cuarta votación que el gobierno español se ha basado Cs con quien ha alcanzado varios acuerdos para asegurarse el suyo 'sí', un apoyo criticado por la mayoría que facilitó la investidura. El PNV también ha cerrado acuerdos condicionados al hecho de que las autonomías recuperaran competencias y ERC volvió a la abstención a la última prórroga también a cambio de descentralizar. Con el fin del estado de alarma en el horizonte, la sexta prórroga fue menos ajustada pero con un PP cada vez más duro con el ejecutivo.

Cogobernanza y autonomía en fase 3

El decreto de la cuarta prórroga del estado de alarma -entre el 11 y el 24 de mayo- introdujo el principio de cogobernanza en la gestión de la desescalada con la promesa de un mayor diálogo con las autonomías. Con la quinta prórroga del estado de alarma -hasta el 7 de junio-, los ministerios de Defensa, Transportes e Interior abandonaban el mando único y Sanidad pasaba a ser la única autoridad delegada. En el último decreto de estado de alarma, y después del acuerdo con ERC, el texto introducía el retorno de competencias a las CCAA a partir de la fase 3.

Desescalada por fases

El ejecutivo español ha utilizado el estado de alarma para lindar y también como instrumento para acompañar el proceso de desconfinamiento asimétrico por territorios y en tres fases, que se anunció a finales de abril y ha acabado siendo más rápido de lo que se dijo inicialmente. El gobierno de Sánchez ha defendido que ha sido un instrumento «eficaz», al cual se vincularon gran parte de las ayudas económicas y ha argumentado que era necesario para limitar la movilidad entre autonomías, a pesar de la desescalada. Un argumento rechazado por la oposición y juristas, tanto de derechas como de izquierdas, que por motivos diferentes lo han considerado abusivo.

Protestas de la derecha

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido el suyo 'no' a las últimas prórrogas argumentando que se podía sustituir por legislación ordinaria en materia de seguridad nacional y salud pública. Pedían levantarlo antes y desvincular las ayudas y la cuestión derivó en ataques cada vez más duros contra Sánchez. Ciudadanos de varios barrios de todo el Estado, como el de Salamanca a Madrid, empezaron a protestar en la calle con banderas españolas. Vox animó a la protesta en plena pandemia y convocó concentraciones en coche en contra del ejecutivo.

Mecanismo constitucional

El estado de alarma está recogido en el artículo 116 de la Constitución Española para situaciones excepcionales, como una alerta sanitaria. En concreto, la Constitución dice que se tiene que declarar a través de un decreto acordado por el Consejo de Ministros «por un plazo máximo de 15 días». Para prorrogarlo, hace falta la autorización del Congreso. La última vez que se declaró el estado de alarma fue durante la huelga de controladores aéreos el año 2010.