Fin de estado de alarma: 1.228 detenidos y 150.000 denuncias en Cataluña

El estado de alarma por la pandemia del coronavirus llega a su fin con un total de 1.228 detenidos y más de 150.000 denuncias en Cataluña, una inflada cifra para una administración que uno tendrá que afanarse por su tramitación si no quiere que, al menos las de carácter leve, prescriban.

Durante estos meses, saltarse el confinamiento ha comportado propuestas de sanción que puede comportar multas desde los 600 euros por desplazamientos no autorizados hasta los 10.400 por organizar o participar en actividades de grupos que suponen riesgo de contagio, según una guía distribuida por Interior en el mes del estado de alarma.

Por comunidades autónomas, y con datos de mediados de junio, es Andalucía la que acapara el mayor número de sanciones, con una pizca más de 194.000, por delante de Madrid, con unas 183.000, y la Comunidad Valenciana (en torno a las 167.000). Las tres representan el 48 por ciento del total. Con respecto a las detenciones, son también estas tres comunidades las que absorben la mayoría, con más de 1.400 en cada caso.

Apenas empezado el estado de alarma, las redes se llenaron de vídeos con originales maneras de saltarse el confinamiento. Sonado fue el caso del vecino de Murcia que sacó la basura disfrazado de dinosaurio; o de estos otros de Palencia y Monforte (Lugo) que, faltando perro, sacaron a pasear al peluche, el primero, y a dos cabras sujetas con una correa, el segundo.

Ya en plena desescalada, la celebración de botellones, como el famoso de Tomelloso (Ciudad Real), y fiestas en los domicilios han obligado a los agentes a levantar actos de sanción.

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, ha sido en la cual se han apoyado los agentes para denunciar al infractor, dado que no se creó ninguna norma «ad hoc», si bien algunos expertos dudan que este régimen sancionador haya dado una «respuesta adecuada» a las infracciones y se preguntan si no hubiera sido mejor crear un específico.

En opinión del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia Gabriel Doménech, la regulación ha estado «insuficiente» y el Gobierno ha tratado de utilizar este régimen sancionador «con interpretaciones discutibles».

Silvia Del Saz, catedrática en el mismo campo de la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED), destaca los problemas en la tipificación de la infracción, generalmente por desobediencia, que exige un requerimiento previo, y ve camino en los recursos que se planteen.

En declaraciones en Efe, los dos ponen de relieve las diferentes interpretaciones en torno a algún aspecto de la ley del estado de alarma, como lo que indica que una vez finalice, «decaerán en su eficacia cuántas competencias en materia sancionadora y con vistas a actuaciones preventivas correspondan a las autoridades competentes» y las medidas adoptadas sobre la base de estas, «excepto las cuales consistieran en sanciones firmes».

Aunque admiten que no hay jurisprudencia sobre este tema, más allá que las sanciones decaigan, los dos opinan que se refiere a la devolución de las competencias que el mando único haya adquirido de manera extraordinaria con el estado de alarma.

En este caso han sido las Delegaciones del Gobierno las encargadas de tramitar las propuestas de sanción, si bien en el País Vasco y Cataluña, una vez el Ministerio del Interior dejó de ostentar el mando único el 24 de mayo, las fuerzas de seguridad autonómicas empezaron a reportar las multas delante de sus respectivas consejerías.

Mientras tanto, en una respuesta parlamentaria, el Gobierno defiende que las propuestas de sanción han sido «plenamente fundamentadas jurídicamente» en la ley de Seguridad Ciudadana, que no exige requerimiento «más que para la sanción de conducta consistente en la negativa a identificarse».

Y recuerda que «existe suficiente información pública para que los ciudadanos» sepan cuáles son las circunstancias que han motivado el estado de alarma y «como adaptar sus comportamientos» en este.

Pero la vulneración de las normas no solamente ha ocurrido en sanciones administrativas, sino que los tribunales también han actuado estos meses para tratar de atajar la reincidencia con condenas, generalmente apenas leves o multas, pero que también han llevado a incomplidores en la prisión.

El siguiente texto recoge, por comunidades autónomas, las propuestas de sanción y el número de detenidos desde el inicio del estado de alarma y hasta mediados de este mes, según datos de las delegaciones del Gobierno recogidos por Efe:

Detenidos / Sancionados por CCAA: Andalucía (1.417 /194.055), Aragón (194 / 32.008), Asturias (100 / 19.792), Baleares (334 7 23.838), Canarias (578 62.812), Cantabria (201 13.640), Castilla-La Mancha (362 48.057), Castilla y León (302 55.183), Cataluña (228 150.615), Comunidad Valenciana (1.404 166.571), Extremadura (150 27.991), Galicia (252 44.951), Madrid (1.466 182.886), Murcia (244 41.023), País Vasco (483 29.688), Rioja (136 10.290), Ceuta (63 9.227) y Melilla (86 4.167).

Total: 9.085 detenidos y 1.130.441 sanciones