La crisis de la covid arrastrará a 700.000 personas más hacia la pobreza

Antes de la covid-19, un 13% de la población catalana vivía en situación de pobreza mientras que después de los efectos de la pandemia el porcentaje pasaría a un 14,3%. A todo el Estado, era un 21,5% y pasaría a ser un 23,1%.

En contraste, según datos de la organización, los 23 mil millonarios españoles han visto aumentar el valor de su riqueza en 19.200 millones de euros desde los inicios del estado de alarma y hasta principios de junio.

Las comunidades autónomas que registran un mayor incremento porcentual de la pobreza son las Baleares, Castilla y León, Aragón y Cataluña. En términos absolutos es en Andalucía donde más personas pasarían a estar en situación de pobreza, con 201.000 personas más. Con respecto a desigualdad, la comunidad con un mayor aumento de esta es Andalucía, seguimiento por Canarias y Extremadura.

A nivel mundial, la covid-19 podría incrementar en 500 millones el número de personas en la pobreza, una cifra que según la ONG exige compromisos de los estados donantes, incluyendo España, «a una escala nunca vista» para desarrollar un plan mundial de salud pública y otro de rescate económico universal.

Migrantes y mujeres

El documento pone de relieve que en sólo 22 días, 900.000 personas se dieron de baja en la seguridad social en el Estado por la paralización de la actividad económica, con especial afectación en sectores como la construcción o la hostelería en que el 73% de personas corresponde a grupos de cotización bajos, con mayor presencia de mujeres, jóvenes y perfiles de baja calificación.

En el caso de la población migrante, avisa a la ONG, su tasa de paro en el 2020 podría quedar diez puntos por encima de lade las personas nacidas en España y la probabilidad de perder el trabajo según las estimaciones de la organización es de un 149% sobre la población de nacionalidad española. Oxfam Intermón también calcula que el impacto de la covid-19 puede hacer que una de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza sea una persona migrante.

Ante eso, la entidad defiende un proceso de regularización administrativa «amplio y extraordinario», que se incremente el acceso al permiso de trabajo y residencia y se garantice el acceso al Ingreso Mínimo Vital de los grupos en situación más vulnerable, como solicitantes de asilo o familias con niños y niñas, independientemente de su situación administrativa.

Con respecto a las mujeres, la ONG recuerda que de cada diez personas que reciben salarios mínimos interprofesionales, siete son mujeres, y que casi la mitad (46,27%) de los contratos firmados por mujeres el año pasado fueron contratos parciales.

«Hay personas que estan enla primera línea de la respuesta sanitaria y social que tienen sueldos bajos y condiciones laborales a menudo precarias», afirma Lara Contreras, responsable de investigaciones e incidencia de Oxfam Intermón.

Medidas para reducir la precariedad

Entre las medidas que reclama Oxfam hay una demanda para que las administraciones públicas eviten la temporalidad y controlen las condiciones de subcontratación, además de incrementar la inversión pública en el sector de los cuidados e incorporar a las trabajadoras del hogar al régimen general de seguridad social.

La organización también propone medidas fiscales que calcula que supondrían unos ingresos de al menos 10.000 millones de euros adicionales. Por una parte, algunas estructurales como reformar el impuesto al patrimonio para que cumpla su función redistributiva, aumentar la presión fiscal sobre las rentas de capital en el IRPF (infragrabadas frente las rentas del trabajo) o eliminar ciertos ajustes extra contables con el objetivo de aumentar el tipo efectivo del impuesto de sociedades, para que sea de al menos el 15% por parte de las grandes empresas.

Por otra parte, sugiere medidas extraordinarias, entre las que figuran un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios, un impuesto a las transacciones financieras «más ambicioso» que elque debate el Congreso y que las ayudas públicas a las empresas estén condicionadas a un comportamiento fiscal «responsable».