Un centenar de estafados en alquileres de vacaciones a precios reducidos que finalmente no existían

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a los cinco integrantes de una red de estafadores que operaba en toda España y que llegaron a obtener unos 250.000 euros con alquileres vacacionales falsos, con los que captaron a cerca de un centenar de víctimas.

Los cinco detenidos están acusados de los delitos de integración en grupo criminal, estafa y usurpación de estado civil, y capturaban a sus víctimas mediante anuncios en webs de alquiler inmobiliarios, según explica la Policía Nacional.

La banda adecuaba anuncios ya disponibles en internet con un «precio inferior a lo normal» para atraer a las víctimas, a las que «metían prisa» y a las víctimas que ponían problemas a la hora de querer ver el piso que alquilaban, según detalla a Efe José Ignacio San Segundo López, miembro en la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía.

Las víctimas eran «doblemente» estafadas, ya que con los beneficios del cobro de cantidades en concepto de reserva los detenidos daban de alta tarjetas bancarias prepago que solicitaban para suplantar las identidades de los perjudicados.

Los investigadores iniciaron las pesquisas ante la advertencia de una entidad financiera que observó un posible fraude con las tarjetas prepago, a la vez que los agentes constataron denuncias por toda España de ciudadanos que habían sido víctimas de fraudes con el alquiler de sus vacaciones.

El grupo publicaba ofertas de arrendamiento de viviendas turísticas en páginas web especializadas a precios muy atractivos y solicitaban a sus clientes una copia del DNI para cumplimentar un supuesto contrato de arrendamiento.

Los delincuentes empleaban esta documentación para contratar productos financieros, en concreto tarjetas prepago, usurpando la identidad de las víctimas, y así disponer de un medio donde recibir el dinero procedente de nuevas estafas sin tener que hacer uso de sus verdaderos nombres.

Las víctimas acudían al supuesto lugar de vacaciones reservado, donde finalmente se percataban de que habían sido estafados.

Escogían tarjetas prepago para ingresar los fondos defraudados porque de esta forma evitaban la personación de los titulares, que sufrían una «doble victimización», derivada tanto del perjuicio patrimonial como del uso de la suplantación de su identidad.

Las tarjetas eran entregadas en las direcciones de correos aportadas por los integrantes de este grupo criminal o a colaboradores de los mismos, para inmediatamente después ser utilizadas por el entramado para retirar dinero en efectivo a través de cajeros automáticos.

Hasta el momento, los investigadores han acreditado documentalmente un beneficio aproximado de 250.000 euros y han detectado alrededor de 100 víctimas.

No obstante, estiman que dicha cantidad pueda aumentar debido a que se está examinando el material informático incautado.