La CUP insta al Gobierno a crear una empresa farmacéutica pública

En materia sanitaria, los cupaires piden reabrir todos los CAP con los servicios que se desarrollaban antes de los efectos de la covid-19, recuperar el derecho a la visita presencial y garantizar el presupuesto del Departamento de Salud para garantizar que todas las visitas e intervenciones programadas por este 2020 se pueden hacer. También aumentar el presupuesto para recuperar los recortes en retribuciones sufridas por los trabajadores desde el 2010.

Por otra parte, piden internalitzar la gestión de los servicios de prestación del transporte sanitario de Catalunya, dotar la atención primaria de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer seguimiento de los positivos de covid-19 -una vez aprobado rescindir el contrato con la filial de Ferrovial.

Los anticapitalistas también proponen crear un fondo especial y específico para la reactivación económica y el impulso del cooperativismo con un crédito extraordinario urgente para rescatar empresas industriales en situación crítica que decidan orientarse hacia la propiedad cooperativa. Al fin y al cabo, señalan, podría venir acompañado de una agencia específica que no tendría que estar ubicada en Barcelona para el reequilibrio territorial y lo combate contra el despoblamiento.

Por otra parte, en materia de vivienda, reclaman un plan de choque para garantizar que las personas que «malviven» en pensiones y en la calle tienen un realojamiento digno y adecuado. También dotar de presupuesto las partidas para viviendas y derechos sociales, llegando al 3% del PIB para suplir «el ínfimo parque de vivienda de emergencia» actual. En esta propuesta también piden modificar el marco regulador de los pisos turísticos y de los alquileres de temporada para que pasen del mercado de alquiler permanente y no temporal.

Los anticapitalistas dedican varias propuestas relacionadas con los Mossos d'Esquadra, como la de suspender de empleo y sueldo a los seis agentes de los Mossos d'Esquadra implicados en la agresión racista del Bages porque «lo permite el reglamento disciplinario, que prevé explícitamente la posibilidad de suspender un agente mientras está pendiente de resolución de un juicio», según la lectura que hacen los cupaires.

También la creación de una comisión de investigación para analizar los mecanismos internos de control, evaluación y corrección y la posibilidad de implementar mecanismos independientes de control y fiscalización de las actuaciones policiales. Todo, porque consideran un «fracaso» la auditoría interna hecha pública el pasado lunes. La CUP también exige al Gobierno retirarse de la acusación y la solicitud del archivo de todas las causas abiertas «contra personas que han ejercido su legítimo derecho a la disidencia política».

Con respecto a la retirada de la estatua de Colón, la CUP-CC lo enmarca en la demanda de iniciar un proceso de memoria y reparación histórica sobre el colonialismo y el esclavismo catalán. También proponen un plan integral para luchar contra el racismo y la islamofobia que establezca sanciones para acabar con «la discriminación en el acceso a la vivienda por parte de entidades bancarias y agencias inmobiliarias» y «con la discriminación en el acceso a los puestos de trabajo». Garantizar que ningún joven extuteladoqueda fuera del sistema de protección una vez cumple los 18 años es una de las otras iniciativas incorporadas.

Finalmente, reclaman garantizar la educación presencial a todos los niveles educativos, disminuir las ratios hasta 10 en la educación infantil y hasta 15 en la primaria y secundaria, crear nuevas plazas escolares públicas o ampliar las becas. Reivindican una estrategia territorial de la actividad agraria; crear un Observatorio contra las violencias machistas como entidad de derecho público; o llevar a cabo una reforma integral de la política de adjudicación de subvenciones y contratos para evitar tráfico de influencias, favoritismos o vulneración de derecho laboral en la cultura.