La Fiscalía dictará una instrucción para unificar las actuaciones contra las ocupaciones ilegales

La Fiscalía General del Estado dictará «en los próximos días» una instrucción para todos los fiscales que aborde y unifique el criterio de actuación ante la okupación, un «fenómeno delictivo», en palabras de la fiscal general, Dolores Delgado, que requiere «una acción específica».

Este es uno de los datos más relevantes expuestos por Delgado en el acto de apertura del Año Judicial, donde el Ministerio Fiscal presenta tradicionalmente su memoria de actuaciones correspondientes a 2019 y en el que se alerta del «preocupante incremento» de la violencia sexual en menores.

A pesar de que los datos aportados en el documento constatan que se consolida una tendencia en retroceso de las incoaciones por okupación, la fiscalía general dará instrucciones uniformes y concretas a todas los fiscales para proceder de igual modo en este asunto que en las últimas semanas ha levantado inquietud ciudadana.

Respecto a los datos generales de la Fiscalía, en 2019 se incoaron 2.116.741 causas, lo que supone un leve ascenso con respecto al año anterior, si bien más del 70 por ciento de las diligencias previas abiertas se archivaron o sobreseyeron, por lo que la cifra de procedimientos judiciales quedó reducida a293.685.

Como en ejercicios anteriores, el mayor número de diligencias previas incoadas fue por delitos contra la vida y la integridad, un 32 por ciento, por delante de los delitos contra el patrimonio que se mantiene en el 20 por ciento del total.

A continuación seresumen algunos de los principales temas tratados por laFiscalía General del Estado en su memoria de 2018, así como las diferentes propuestas de reforma:

El fenómeno de la okupación

Tras varios años de aumento, la memoria muestra en 2019, al igual que en 2018, una reducción de las incoaciones por okupaciones de inmuebles, por lo que se constata «la consolidación de un cambio en la tendencia».

De esta forma, las expedientes incoados pasan de 9.693 a 9.622, «dato que contrasta con la percepción social del fenómeno de la ocupación» e, incluso, con el anuncio realizado este mismo lunes por la fiscal general, Dolores Delgado.

«En los próximos días», ha avanzado Delgado, la Fiscalía General del Estado dictará una instrucción para todos los fiscales que aborde y unifique el criterio de actuación ante la okupación, que ha considerado un «fenómeno delictivo» que requiere «una acción específica».

En cuanto a la proporción entre ambas cifras, hay que mencionar un levísimo aumento que va del 2 % del año pasado a un 2,2 % de los procedimientos incoados, que son calificados por el fiscal. Por lo tanto parece confirmarse la tendencia iniciada el año anterior respecto de la reducción del fenómeno de las ocupaciones.

Menores y violencia sexual

De «alarmante incremento» califica la Fiscalía General del Estado las ideas sexistas y la violencia sexual entre menores y adolescentes, un fenómeno que considera «muy preocupante».

En su Memoria de 2019, el Ministerio Público indica que en 2019 se incoaron 1.934 procedimientos por abusos y agresiones sexuales cometidas por niños y adolescentes, un 5 % más que en 2018: mientras los abusos sexuales (1.370) subieron un 15 %, las violaciones (564), descendieron casi un 13 %.

La Fiscalía subraya que «resulta verdaderamente preocupante» la implicación creciente de menores en delitos contra la libertad sexual y destaca que numerosas secciones provinciales han alertado de conductas de contenido sexual a edades muy precoces, cada vez más tempranas, «a veces de niños impúberes».

Esta situación responde a «un problema educativo en origen», se apunta en la Memoria, que explica que se detectan en los menores denunciados graves carencias de formación en materia sexual y que el consumo de pornografía a edades tempranas puede estar «en la raíz de una buena parte de los hechos cometidos por menores de edad inferior a los 14 años».

Covid y criminalidad informática

A falta de un análisis más detallado, La Fiscalía ya apunta que el impacto de la pandemia de covid-19 y el drástico aumento del uso de tecnologías informáticas acarrea un «repunte muy importante» en distribución de material pornográfico, la venta fraudulenta de material sanitario y farmacéutico o la captación de datos personales mediante engaños o mediante el acceso irregular a sistemas informáticos.

Dentro de la criminalidad informática, incide en la gravedad de los delitos contra la libertad sexual, con especial relevancia del incremento de un 5 % en los relacionados con la pornografía infantil y, sobre todo, de las causas por acoso sexual a menores, que han pasado de 98 en 2015 a 225 en 2019.

Residencias de mayores

La Fiscalía pide una norma que aborde mecanismos de control judicial de los internamientos de personas mayores y con discapacidad ingresadas en centros y residencias cuando no puedan decidirlo por si mismas, una cuestión que preocupa en la Fiscalía pero más aun cuando «los acontecimientos últimos han convertido en asuntos de enorme actualidad y cuya solución deviene inaplazable».

Delitos económicos

La Fiscalía General del Estado una tendencia a la baja en los delitos de fraude del IRPF y un aumento en los de IVA y Sociedades, así como un ligero repunte en el número de defraudaciones a la Seguridad Social.

Reconoce que la inexistencia de un sistema informático normalizado e igual para todo el territorio impide tener noticia exacta de la evolución numérica de la criminalidad en la materia.

Por ello, lamenta la dificultad que supone la determinación de los delitos societarios, ya que el hecho de que su enjuiciamiento está encomendado a los Juzgados de lo Penal hace extremadamente problemático su cómputo.

Corrupción

En 2019 se incrementaron los procedimientos penales incoados, 746, y se iniciaron 26 investigaciones que, sumadas a las 46 de 2018 que aún no estaban concluidas, la Fiscalía Anticorrupción tuvo en tramitación el pasado año 72 diligencias.

La memoria vuelve a alertar, como en los dos anteriores años, de la situación «anómala» y «próxima a la saturación» que sufre esta fiscalía especial como consecuencia de su escasa plantilla paliada por fiscales en comisión de servicio, un «remedio excepcional y temporal que se prolonga ya excesivamente».

Drogas

La Fiscalía llama la atención sobre la proliferación en España de plantaciones de cánnabis, especialmente «indoor», con instalaciones muy sofisticadas y que, en muchos casos va acompañada de explotación laboral o trata de personas de nacionalidad extranjera.

También destaca el incremento de las asociaciones o clubes cannábicos, alerta sobre el fenómeno de los narcopisos en Madrid y Barcelona y recuerda la problemática del tráfico de drogas por aeropuertos y puertos.

La Fiscalía defiende una redifinición de las competencia de la Audiencia Nacional en la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de tráfico de drogas, porque la regulación vigente, circunscrita al tráfico de drogas siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias «ha quedado realmente obsoleta».

Trata de mujeres y prostitución

La Fiscalía también ha detectado un «incremento constante» del tráfico de personas cometido por grupos organizados y menciona la trata de seres humanos, las redes de prostitución y corrupción y la inmigración ilegal.

Ve «preocupantes las conductas delictivas ligadas a la prostitución ejercida de forma supuestamente consentida, libre y voluntaria en locales» cuando, en realidad, las investigaciones detectan «situaciones de explotación sexual violenta o no consentida de mujeres», donde las víctimas son «muy vulnerables e indefensas», lo que hace «preciso» el uso de la prueba anticipada y de testigos protegidos de cara a esclarecer la culpabilidad de los hechos.

En relación al proxenetismo, la Fiscalía considera que su persecución «es una necesidad vinculada no sólo con la necesidad de salvaguardar los derechos más elementales de la mujer sino también para impedir formas encubiertas de explotación criminal».

Los hurtos y la multireincidencia

A pesar del ligero descenso en 2019 de los hurtos, la Memoria de la Fiscalía se detiene a abordar la problemática de las víctimas de estos delitos, especialmente personas mayores, y la multireincidencia.

El ministerio público considera que sigue siendo complicado aplicar mayor reproche penal a estos «profesionales del hurto», pues es difícil apreciar la agravante por pertenencia a grupo criminal y no se contempla la reincidencia en delitos leves.

Robos en vivienda

En 2019 se ha producido un nuevo aumento en incoaciones y acusaciones por robos con fuerza en vivienda, un hecho «preocupante», a juicio de la Fiscalía, toda vez que solo se trasladan al juzgado aquellos casos con presunto autor conocido.

A esto se suma que, en ocasiones, los denunciados son robos con intimidación y/o en casa habitada, delitos que generan una notable sensación de inseguridad en la ciudadanía.

De forma paralela, las fiscalías territoriales advierten de los robos en establecimientos hoteleros y alertan de la presencia de grupos organizados especializados que emplean sofisticados sistemas.

Propuestas

La Fiscalía quiere prohibir el acceso a sitios web a personas condenadas por delitos que acometan contra la libertad e indemnidad sexuales de los menores. También a los que atenten contra dignidad humana o pretenden promover o incitar al odio, la violencia o la discriminación respecto de determinadas personas o colectivos especialmente vulnerables.

El órgano judicial se muestra partidario a entender las web y chats en internet como lugar de crimen, a pesar de no ser físico.

La Fiscalía también aboga por reformar la actual regulación del delito de hurto al objeto de ofrecer un nuevo tratamiento que ofrezca respuesta al fenómeno de la multirreincidencia en la ejecución de delitos leves.