El gobierno no consigue convalidar el decreto de remanentes de los ayuntamientos

Podemos finalmente ha votado a favor después de alcanzar un acuerdo con el ejecutivo español para que el 60% del fondo de 5.000 MEUR, es decir 3.000, se repartieran con criterios poblacionales.

Desde la tribuna la ministra de Hacienda ha insistido que el gobierno español ponía en marcha de esta manera «el único» mecanismo de que dispone y ha negado tajantemente que el ejecutivo necesite el dinero de los ayuntamientos porque tiene acceso a los mercados para recibir dinero con interés negativo.

«Los que hablan de hurto, de confiscación y en palabras gruesas lo único que persiguen como siempre es el desgaste por el desgaste, hacer inútil la política» y por lo tanto no se puede contar. «Llevar los remanentes a disposición de los ayuntamientos es un intento de ayudar por parte de este ejecutivo», ha dicho.

Pocos minutos antes del inicio de la sesión el PNV ya ha anunciado su ‘no’ porque «las conversaciones mantenidas con el gobierno no han sido suficientes para superar las diferencias preexistentes». Fuentes del ministerio de Hacienda admitían antes del debate que el ejecutivo perdería esta votación. «Hemos negociado hasta el último minuto, pero no podemos ofrecer más».

El decreto ha recibido duras críticas por parte de los partidos de la oposición, empezando por el PP que lo ha definido como un texto «perverso y discriminatorio», en palabras del diputado Antonio González Terol. «No nos pidan que blanqueemos con nuestro apoyo la traición a los alcaldes», ha afirmado.

Montero ha querido rebatir los argumentos del PP. Ha tomado la palabra para recordar que fue el PP quien aprobó la ley de estabilidad presupuestaria y «impidió durante una década que los ayuntamientos utilicen sus remanentes».

El diputado de la CUP Albert Botrán también ha criticado el decreto y ha emplazado al gobierno a hacer marcha atrás en la reforma del artículo 135 de la Constitución sobre la regla de gasto. Bildu se ha expresado en una dirección parecida y ha pedido modificar la ley de estabilidad presupuestaria.

El PNV ha justificado el ‘no’ de su partido contra un decreto que a su entender invade las competencias de las diputaciones forales. «Las prisas no son buenas consejeras», ha advertido a la diputada Idoia Sagastizabal, que ha lamentado que el gobierno español haya intentado imponer el decreto sin suficiente negociación.

La diputada de Cs María Carmen Martínez ha afirmado que el decreto no responde a las «necesidades reales» de los ayuntamientos ni a los problemas económicos de los ciudadanos. En todo caso ha afirmado que su formación extiende la mano al gobierno español para encontrar otra fórmula en el futuro.

El diputado del grupo de JxCAT Ferran Bel ha emplazado a la ministra Montero a tener en cuenta las propuestas que le ha hecho llegar su grupo, como repartir los 5.000 MEUR entre todos los ayuntamientos independientemente de su situación financiera. «Escuchen, porque hay propuestas», ha afirmado.

ERC tampoco ha dado apoyo a la iniciativa. El diputado Joan Margall ha reprochado a Montero que no haya sido capaz de consensuar una solución para desbloquear los 21.000 MEUR de los ayuntamientos que están en las cuentas de los bancos. Le ha reprochado que haya optado por las «recetas clásicas» de la «recentralización y la austeridad».

El diputado de Podemos Txema Guijarro ha admitido tensiones ensu propio grupo sobre este decreto, pero ha reprochado al PP que se haya negado a negociar soluciones.

Vox, por su parte, ha afirmado que el decreto es un «golpe al municipalismo» porque «atenta» contra el principio de autonomía de los ayuntamientos.