Jornada clave para el futuro de Torra: el Supremo revisa su inhabilitación

El futuro político del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y del actual Govern depende de lo que ocurra este jueves en el Tribunal Supremo, que revisa su condena de inhabilitación por desobediencia al no retirar los lazos amarillos y una pancarta de apoyo a los presos del procés de edificios públicos en periodo electoral.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el tribunal no tiene previsto adelantar el fallo al término de la vista, sino que todo apunta a que se hará público una vez se dicte la sentencia.

Al tribunal le corresponde revisar la condena a un año y medio de inhabilitación y 30.000 euros de multa por un delito de desobediencia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso a Torra, una sentencia que, al no ser firme, no implicó que fuese apartado de su cargo.

Este jueves, la fiscal Pilar Fernández Valcarce argumentará a favor de que el Supremo confirme la inhabilitación, en tanto que la defensa de Torra pedirá que revoque la condena.

La resolución tendrá firmeza en el momento en el que sea dictada y, por tanto, de ser condenatoria, será ejecutada de inmediato independientemente de que la defensa de Torra promueva un incidente de nulidad, añaden las fuentes, que precisan que ninguna maniobra jurídica podría paralizar su ejecución, que correspondería al TSJ de Cataluña.

En la vista, los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Susana Polo, Vicente Magro y Antonio del Moral escucharán los argumentos de ambas partes en presencia de Torra, que se sentará entre el público, ya que solo sus abogados pueden intervenir y estos tampoco contemplan pedir al tribunal permiso para conceder un turno de palabra al president.

Sí que expondrán los principales argumentos de su recurso de 300 páginas, que se centran en invocar el derecho a la libertad de expresión, con la mirada puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) más que en el Supremo, de cuya imparcialidad dudan.

Los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal alegarán la «desproporción» que supondría una condena que implica el cese de un president por el mero hecho de negarse a retirar una pancarta, en un legítimo ejercicio de la libertad de expresión que, según su opinión, la Junta Electoral no tenía autoridad para cercenar.

Además, pedirán al tribunal que eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea varias cuestiones prejudiciales -entre ellas si es posible la inhabilitación del presidente catalán para concurrir a elecciones europeas y si su cese por negarse a condenar una pancarta es una medida proporcional-, en cuyo caso cree que el Supremo debería suspender el dictado de la sentencia hasta que Luxemburgo se pronuncie.

En un plano político, el president evitó este miércoles dar pistas sobre la respuesta que piensa dar a su posible inhabilitación tras acusar al Estado de estar «instalado en la venganza».

En su intervención en el debate de política general en el Parlament, no quiso desvelar qué piensa hacer si la «maquinaria de un Estado al servicio de una sed de venganza» lo acaba inhabilitando, si bien advirtió: «Serviré a mi país hasta las últimas consecuencias y hasta el último minuto de mi presidencia», sin concretar más detalles ni futuros escenarios.

Y sin atender los llamamientos de ERC y la CUP a acordar una fecha electoral antes de que pueda ser inhabilitado y pierda la potestad de convocar elecciones.

Pese a esas discrepancias, Torra estará acompañado por Pere Aragonès, vicepresidente de la Generlitat y dirigente de ERC, al igual que por la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, representantes de Junts pel Catalunya, ERC y la CUP y los líderes de ANC y Òmnium.

El presidente de la Generalitat fue condenado por su «recalcitrante y reiterada actitud desobediente» a no acatar la orden de la Junta Electoral de retirar a tiempo de los edificios públicos los lazos amarillos en defensa de los presos del «procés» en vísperas del 28A.

Torra recurrió al Supremo, ante quien denunció una «palmaria persecución política» que pretendía apartarle «ilegalmente» del Govern, y ha intentado sin éxito retrasar la cita al sostener que se le notificó la fecha infringiendo las normas procesales.

La Fiscalía, por su parte, pide al tribunal que confirme la condena de Torra porque su decisión fue «contraria a las exigencias de neutralidad en periodo electoral que también obligan al presidente de la comunidad autónoma».