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El ministro de Justicia ve «muy justo» que la decisión sobre los indultos de los presos esté antes de las elecciones

Juan Carlos Campo rechaza que la monarquía sea «utilizada» como arma «de la lucha política»

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El ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, ve «muy justo» que la decisión sobre los indultos a los presos independentistas sea pública antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero. En una entrevista en 'La Vanguardia', Salvo dice que el lunes se envió toda la documentación al Supremo, que tendrá que hacer su informe, y que cuando el expediente vuelva al ministerio se hará una propuesta «denegatoria o positiva en el consejo de ministros, que tendrá la última palabra.» «Queda un espacio temporal de entre seis y ocho meses hasta que se tome una decisión, es la media de tiempo en los expedientes», afirma el ministro. Salvo dice que anunció la tramitación de los indultos al Congreso porque «tienen trascendencia pública» y era «el más oportuno».
Juan Carlos Campo explica que la ausencia del rey Felipe VI en Barcelona por la entrega de los despachos de los jueces fue una decisión «acertada» y «hablada» entre el ejecutivo español y la Casa Real.

«Lo que había que proteger era la convivencia en Cataluña, era un momento de gran sensibilidad, ya lo he dicho», afirma el ministro, que añade que «se quiso evitar que la presencia del Rey pudiera ser mal entendida».

El ministro de Justicia critica la actitud de la oposición española en esta cuestión y dice que el monarca «no puede ser utilizado como airet en la lucha política». Salvo afirma que el apoyo del ejecutivo español a la monarquía «no está en cuestión», aunque admite no compartir algunos pronunciamientos del suyos compañeros de gobierno de Podem. En todo caso, dice que se enmarcan dentro de la «libertad de expresión».

Con respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Salvo confirma la intención del ejecutivo de promover una reforma legal para evitar bloqueos como el provocado por el PP. Con todo, niega que sea para excluir a los populares.

«El gobierno no hace reformas normativas para excluir a nadie, sino para mejorar el ordenamiento jurídico. Lo que sí que es cierto es que estamos estudiando la conveniencia de reformar la ley orgánica del poder judicial para encontrar fórmulas que permitan asegurar el funcionamiento de las instituciones de acuerdo con el mandato constitucional», precisa.

«Me gusta pensar que podemos tener un sistema y unas instituciones que funcionen incluso cuando sus operadores puedan comportarse de manera irresponsable, como pasa con el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ,» afirma el ministro de Justicia.

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