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Economía

Las medidas extraordinarias para paliar la crisis de la covid-19 han costado 13.000 millones de euros a la Seguridad Social

Escrivá quiere proponer esta semana a los autónomos una reforma para cotizar por ingresos reales

Un 12,7% manifiesta temer efectos negativos para su salud.

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Las medidas extraordinarias para paliar los efectos económicos de la crisis del coronavirus han costado casi 13.000 millones de euros a la Seguridad Social hasta septiembre, según ha explicado este miércoles el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una comparecencia en el Congreso. El máximo de gasto se alcanzó en abril y en mayo. «Después ha ido decreciendo el coste a medida que se ha ido produciendo la recuperación», ha explicado Escrivá. La partida a la cual el Estado ha destinado más dinero es la exoneración de cotizaciones de los ERTO (5.218 MEUR) seguida de la prestación para autónomos (4.138 MEUR). Por otra parte, Escrivá ha confirmado que tiene una propuesta para que los autónomos coticen por ingresos reales.
Escrivá ha explicado que quiere trasladarla a los representantes de los trabajadores por cuenta propia en una reunión esta semana. «Les podremos proponer un sistema muy gradual de adaptación a los ingresos reales», ha dicho. Escrivá ha explicado que todavía no les ha podido trasladar las «primeras ideas» del Ministerio sobre la reforma por la urgencia de la negociación de las prestaciones extraordinarias.

Según el ministro, con el cambio habrá «un porcentaje muy elevado de autónomos que cotizarán menos». «El número de autónomos que tendrán que cotizar menos porque tienen ingresos menores supera sobradamente el de aquellos que cotizarán más», ha afirmado.

Por otra parte, sobre el Ingreso Mínimo Vital, Escrivá ha explicado que 91.000 hogares ya lo están cobrando y hay 142.000 que tienen una solicitud pendiente de revisión. El ministro ha esperado que la mayor parte de revisiones acaben con la aceptación de la solicitud. Escrivá espera llegar a 550.000 beneficiarios a finales de año con lo cual faltarían unos 350.000.

El ministro ha explicado que cerca del 50% de las solicitudes se deniegan, hasta ahora han sido 86.000, y «muchas» por no cumplir los requisitos de patrimonio. A partir de enero Escrivá espera que haya nuevos canales para encontrar posibles beneficiarios, como sería la vía de los ayuntamientos.

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