Economía
CaixaBank y Bankia se reúnen mañana en Valencia en sus consejos para avanzar en su fusión
Se pone en marcha el inicio de una nueva fase de consolidación del sector financiero y se crea también el mayor grupo bancario de España
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Los consejos de administración de CaixaBank y Bankia se reúnen mañana viernes en Valencia, donde están las sedes de ambas, para avanzar en su fusión por absorción y aprobar la convocatoria de las juntas de accionistas que darán luz verde a la operación.
Desde que se apruebe la convocatoria de las juntas, explicaron a Efe fuentes del mercado, los dos bancos tienen un mes de plazo para celebrarlas, lo que podría ocurrir, como pronto, en la última semana de noviembre.
Y esto tiene lugar después de que la consultora BDO haya emitido su informe sobre la operación, que le encargó el mes pasado el Registro Mercantil de Valencia como entidad independiente y que se requería como paso previo a la reunión de los consejos.
De esta forma se pone en marcha el inicio de una nueva fase de consolidación del sector financiero y se crea también el mayor grupo bancario de España, con unos activos de casi 650.000 millones de euros, una red de 6.700 oficinas (4.500 de CaixaBank y 2.300 de Bankia) y 51.500 empleados (35.700 de CaixaBank y unos 16.000 de Bankia.
En los próximos días, explican las mismas fuentes, es previsible que se vayan conociendo más detalles de la operación, como el orden del día de las juntas, o la cuantía de la ampliación de capital que deberá hacer la entidad catalana para canjear sus acciones por las de la madrileña.
La nueva reunión de los consejos tiene lugar poco más de un mes después de que el pasado 18 de septiembre se dieran cita en Valencia para aprobar el proyecto de fusión, que establece una ecuación de canje de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada acción de Bankia.
Ese precio incluye una prima del 20 % sobre la ecuación de canje a cierre del 3 de septiembre, que se eleva al 28 % frente a la media de los tres meses previos.
La fusión valora Bankia en 4.300 millones de euros, lo que significaría dejar la participación en manos del Estado en torno a 2.700 millones, una cifra que se aleja mucho de los más de 22.000 millones inyectados en 2012 a través del FROB.