Una semana con la restauración y la estética cerrada: 40.000 trabajadores en ERTO y autónomos al límite

Tres de las trabajadoras de este negocio de Sabadell han entrado en un ERTO. Una de ellas es Sandra Velasco, que se ve obligada a ser incluida en un expediente por segunda vez en un año. La primera vez tuvo problemas para cobrar la prestación de desempleo y ahora teme que se repitan. «Después de salir de un palo muy grande del primer ERTO, ahora entramos en el segundo, sin todavía haber podido recuperarnos. Me quedo en casa esperando a cobrar, cuando todavía no me han pagado parte del primer expediente», explica.

«¿Si a mí no me pagan l'ERTO, cómo le digo al banco que no le pago la hipoteca porque no he cobrado? Todo el mundo quiere cobrar», añade. En cualquier caso, asegura que las previsiones son «malas» porque, si todo va bien, no prevé cobrar hasta dentro de un mes y medio, ya que el servicio estatal de empleo paga a mes vencido.

Con respecto a la restauración, el propietario de Cal Mingo, Mingo Morilla, tiene doce trabajadores en plantilla fija y ofrece un servicio vinculado al mundo de la empresa y la familia. El también presidente del Gremio de Hostelería de Viladecans presentó un ERTO durante el primer confinamiento y, después de desafectar a los trabajadores, ha vuelto a presentar otro para poder hacer frente a las nuevas restricciones.

«Sufro por las familias que dependen del sueldo de mis trabajadores. En un principio nos ofrecimos a ayudarlos, porque las prestaciones llegaban tarde, pero en este momento me es muy difícil», reconoce en declaraciones a ACN. El propietario del establecimiento, situado en las afueras de Viladecans, tiene miedo de tener que cerrar definitivamente y asegura que las ayudas del Gobierno son «un escupitajo en el mar».

Las subvenciones de 40 millones de euros anunciadas por el ejecutivo suponen un importe de 1.500 euros por cada establecimiento en Cataluña, muy por debajo de los gastos fijos de la mayoría de restauradores. Morilla, por ejemplo, tiene que hacer frente a unos costes fijos diarios de 1.346 euros.

El propietario del restaurante Andalucía, en Castelldefels, Manuel Ángel Ortiz, asegura que los gastos fijos de su local superan los 3.000 euros. Maquinaria, luz, agua, caso e hipoteca. «La Generalitat ha hablado de reducir el precio de los alquileres, pero muchos somos propietarios de los locales. ¿Quién nos sufragará este gasto de hipoteca»?, se cuestiona el también presidente del Gremio de Hostelería de Castelldefels y Baix Llobregat.

Ortiz reformó el local hace un año, así que a los gastos fijos añade los préstamos y créditos que contrató para hacer frente a esta dependida. «Desde que cerré, tengo crisis de ansiedad, no duermo, porque mi economía se ve muy disminuida. La situación es dramática. Lo estamos viviendo muy mal en mi casa y los trabajadores lo están pasando muy mal», lamenta.

En el bar El Capo, en Castelldefels, han pasado de ser veinte trabajadores a ser tres. El establecimiento tiene también un chiringuito en la playa y, una vez acabó la temporada, el número de empleados de la empresa se redujo a doce. Sin embargo, las nuevas restricciones han obligado a limitar todavía más la plantilla. «Si seguimos así, creo que no podremos sobrevivir», admite la gerente del local, Raquel Benito.

La posibilidad de preparar comida para llevar tampoco es una alternativa viable para el establecimiento de Benito. «Nunca lo he hecho y, si empiezo ahora, no me sirve de nada», afirma. De hecho, el gerente de la Federación Intercomarcal de Hostelería, Restauración y Turismo (FIHRT), Daniel Brasé, asegura que es el «chocolate del loro». El cierre de los locales ha provocado un aumento muy elevado de la oferta de este servicio y, al mismo tiempo, la demanda se ha reducido por la recomendación de hacer teletrabajo.

El restaurante Sis Sis Dos, en Gavà, no tiene cocina y ofrece a los clientes platos fríos y embutidos. «Si quieres embutido, no lo pedirás a domicilio. Además, no estamos en un lugar|sitio de paso», lamenta Marian Trallero. El establecimiento abrió hace poco más de tres años y los propietarios todavía tienen deudas y préstamos a retornar, además del alquiler y otros gastos fijos.

En el caso de la cafetería Sa Illa, en Terrassa, el servicio para llevarestá permitiendo mantener en funcionamiento el negocio, ya que representa un 40% de la facturación previa a la pandemia. «La gente está siendo muy solidaria con la restauración», asegura a la propietaria del local, Maite Garcia. El establecimiento sólo está abierto por las mañanas, porque la demanda se mantiene, pero cierra a las tardes para ahorrar en luz, agua y tiempo. «No hay nadie en la calle», lamenta.

Garcia pidió un ICO en marzo, con el decreto del estado de alarma, y todavía lo está esperando. La primera entidad con quien habló no quiso darle la cantidad que pedía, 20.000 euros, y le ofreció una póliza de crédito. Ahora, una segunda entidad está haciendo el trámite.

Más allá de las ayudas, consideradas insignificantes, los restauradores y centros de estética exigen trabajar y reivindican sus establecimientos como espacios seguros. «No nos consideramos el foco de la pandemia, entre otras cosas, porque no lo somos», afirma el propietario del restaurante Cal Mingo.