El Congreso da luz verde al dictamen de la Ley de Educación que elimina la referencia del castellano como vehicular

Cs ha situado esta cuestión como «línea naranja» para poder dar apoyo a los presupuestos de Sánchez y ha presentado una enmienda -rechazada por la mayoría- que pedía blindar un 25% de clases en castellano.

La diputada de Cs Marta Martín Laguno ha afirmado que esta «no es la ley Celaá», sino la «ley Iglesias-Rufián-Sánchez» hecha únicamente para «contentar a los socios» del gobierno español.

La diputada de Més País Inés Sabanés ha acusado los grupos de la derecha de pretender un «retorno al pasado» abriendo de nuevo una «guerra de lenguas».

La diputada de ERC Montserrat Bassa ha defendido la reforma de la ley que «incrementa significativamente» la competencia de la Generalitat a la hora de desarrollar el currículum, aunque ha apuntado que todavía es «insuficiente». «Esperamos que la escuela catalana sea consciente de que el modelo de progreso sólo es posible desde la independencia».

Podemos también ha dado apoyo a la reforma que «cumple el compromiso de derogar la LOMCE» y su modelo «elitista y segregador».

El diputado de Vox Joaquín Robles ha asegurado que la igualdad de oportunidades en Cataluña pasa por impartir clases en castellano en Cataluña y «no imponer el catalán». Ha acusado al PSOE de haber «traicionado» las clases desfavorecidas y de avalar el intento del independentismo de «construir una patria a base de criterios étnico-lingüísticos» que «es lo más parecido al racismo».

El PP ya ha anunciado que iniciará una campaña de recogida de firmas contra la futura LeyCelaá y ha adelantado que interpondrá un recurso al Tribunal Constitucional.

El diputado del PP Jose Angel Alonso ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de negociar la lengua en la escuela a cambio de los votos de los independentistas a los presupuestos generales del Estado. «Este es un gobierno de trileros y el PSOE ha despojado al estado de sus competencias en materia educativa», ha afirmado.

El diputado del PSOE Guillermo Antonio Meijón ha defendido el acuerdo y ha acusado al PP de pretender atizar una guerra lingüística en el Estado, cuando el objetivo de la ley es que los alumnos alcancen las mismas competencias en castellano y catalán al final del ciclo educativo, «ni más ni menos».

La enmienda incluida a la ponencia que se ha aprobado este viernes es fruto del acuerdo entre ERC, el PSOE y Podemos establece literalmente que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir las enseñanzas en castellano y en el resto de lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, con conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable». Elimina la parte del texto que decía que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares».

La enmienda sustituye el texto que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó al proyecto de Ley que establecía que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios,» y que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».

ERC asegura que de esta manera «blinda» la inmersión lingüística y establece que se respetará lo que marca la Ley de Educación de Cataluña que «deja claro que la lengua vehicular es el catalán», en palabras de la diputada de ERC Montserrat Bassa.

El Ministerio de Educación asegura que el objetivo del acuerdo es que la ley Celaá haga un reconocimiento efectivo del plurilingüismo y supere «la actitud obsesiva de la derecha» de convertir la lengua en «un conflicto». En este sentido apuntan que la ley en todo momento garantizará que los alumnos catalanes tengan competencia lingüística en castellano y establecerá medidas para compensar cualquier descompensación en los conocimientos.

El PNV duda de la efectividad de la enmienda. Ya se abstuvo cuando se votó la semana pasada aduciendo que no supone un reconocimiento efectivo del vasco como lengua vehicular a Euskadi. Los nacionalistas vascos habían presentado otra enmienda -rechazada por los grupos mayoritarios- que establecía que «en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales la lengua vehicular será la que determinen sus respectivos estatutos y normativa».

Aunque no tienen presencia a la ponencia -tiene silla Més País, con quien comparten el GrupPlural- JxCat y PDeCat han criticado en los últimos días el acuerdo de los republicanos. El diputado del PDeCat Sergi Miquel afirmó que la enmienda «no protege» la inmersión lingüística porque permite el hecho que haga referencia a las «administraciones educativas» y no directamente a las «comunidades» hace que el Ministerio de Educación tenga potestad como administración de dictar un porcentaje de clases que hay que hacer en castellano en las escuelas catalanas.

Por otra parte, el PP y Cs han anunciado un recurso al Tribunal Constitucional si finalmente la 'Ley Celaá' incorpora este punto. «Recurriremos al TC la 'Ley Celaá' si el gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular y liquidan la libertad educativa contra la concertada», escribió en Twitter este miércoles Pablo Casado. Según el líder del PP, «Sánchez pretende permanecer al poder negociando el futuro de nuestros hijos».

Las concertadas no podrán segregar por sexo

La ponencia también ha dado luz verde a otro acuerdo entre PSOE, Podem y ERC para que las escuelas concertadas no puedan segregar niños por sexo. La enmienda establece que «los centros sostenidos parcialmente o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación a todas las etapas educativas» de acuerdo con la Ley de Igualdad del 2007, y «no separarán al alumnado por su género».