Siete detenidos acusados de contrabando de armas y explosivos y de blanquear más de 10 MEUR

La investigación se inició el año 2018. Una guerra interna dentro de la organización debilitó las medidas de seguridad que habían diseñado sus líderes para ocultar su actividad de contrabando de armas y de blanqueo de capitales. Esta diputa, que según los Mossos incluía extorsiones y amenazas mutuas, buscaba la obtención del control de las rutas marítimas utilizadas en los envíos de armas procedentes desde Ucrania en diferentes destinaciones, principalmente países del norte de África y el Oriente Medio –especialmente en zonas en conflicto-, sometidas a embargos internacionales. Las disputas provocaron una escisión de la estructura en dos facciones, que continuaron por separado con las actividades presuntamente delictivas.

Los investigadores pudieron identificar los presuntos miembros de la red que operaban en España y que colaboraban en la compra-venta de armamento ruso que viajaba dentro de barcos de carga fletados desde el Estado junto con otro armamento lícito, con el objetivo de camuflar la procedencia del cargamento ilegal.

Los Mossos destacan que la organización llegó a planificar la huida del capitán de un barco de carga, detenido por las autoridades griegas por contrabando de armas y que, además, hacía gala de su alta capacidad para el transporte internacional de armas pesadas a través del Mediterráneo, incluyendo carros de combate.

Para blanquear los beneficios, los arrestados habían establecido un sistema que partía de paraísos fiscales donde domiciliaban los barcos de carga identificados en la investigación. Posteriormente, transfería el dinero a cuentas corrientes de sociedades europeas, principalmente de Suiza y el Reino Unido, desde donde transferían el capital hacia España simulando una actividad comercial lícita y real que permitía a los investigados operar mediante inversiones patrimoniales y mantener un elevado nivel de vida.

Los cuerpos policiales han hecho siete cacheos el 10 de noviembre, donde se intervino documentación de ámbito económico, equipos informáticos y dinero en efectivo.

Tres de los detenidos pasaron a disposición judicial, los considerados líderes de la organización, que han ingresado en prisión. El juez también ha ordenado medidas cautelares de embargo sobre dieciocho propiedad inmobiliaria y el bloqueo bancario de más de 50 productos financieros. El valor conjunto del patrimonio objeto de intervención podría superar los 10 MEUR, según los Mossos.

La investigación ha sido coordinada por la fiscalía anticorrupción bajo la supervisión de la Audiencia Nacional.