Confiscan 615 toneladas de marihuana a una red que engañó a agricultores

La Guardia Civil ha incautado 615 toneladas de marihuana y más de 372.000 plantas instaladas en 52 plantaciones de varias provincias de España a un entramado empresarial ilegal que engañó a agricultores para que en sus terrenos cultivaran el estupefaciente con fines medicinales.

La Operación Chata es una de las mayores intervenciones policiales contra el cultivo de marihuana en lo que va de año por parte de la Guardia Civil, que ha detenido a cinco personas y mantiene como investigadas a otras dos.

El capitán Pedro Alejandro Triguero y el sargente primero Miguel Ángel han dado cuenta de este importante golpe, cuyas investigaciones arrancaron en mayo en la localidad madrileña de Villa del Prado, cuando la Guardia Civil descubrió que una empresa se estaba interesando por terrenos en la población y que alegaban la necesidad de agricultores para cultivar marihuana con fines medicinales.

Aunque la empresa, que contaba con asesores técnicos y legales, daba apariencia de dedicarse a la producción industrial de CBD o cannabidiol, un componente de la planta del cannabis que tiene beneficios terapéuticos pero no contiene el THC, el ingrediente psicoactivo, en realidad escondía una organización dedica al tráfico de marihuana.

Las pesquisas se centraron sobre la empresa y sus fines. Pronto, ha detallado Triguero que algunos miembros de la empresa tenían antecedentes y también que un representante, un abogado y un experto en abonos se habían reunido con varios agricultores de la localidad para llegar a un acuerdo con ellos e instalar sus plantaciones en el lugar.

Los investigadores también comprobaron que las plantaciones no contaban con amparo legal, pues no solo eran semillas y tallos, sino también plantaciones de gran frondosidad con cogollos y, por tanto, con un índice de THC no permitido.

Los dispositivos establecidos por la Guardia Civil de Villa del Prado, dieron sus frutos, logrando localizar la plantación de marihuana que la empresa había logrado instalar en dicha población.

El agricultor encargado de su cuidado, manifestó a los agentes que el destino que se le iba a dar era farmacéutico, afianzando los investigadores la hipótesis del engaño a los autónomos por los inductores para beneficiarse de su trabajo.

Las indagaciones sobre el entramado empresarial, con el apoyo y coordinación de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, permitieron ubicar en Almería, Granada y Murcia otras plantaciones de similares características que estaban a punto para ser recolectadas, descubriendo que también contaban con espacios agrícolas en Ávila y Cáceres.

Con una estructura totalmente piramidal, el entramado contaba con tres personas en el nivel más alto, personal experto en la selección y recolección de las plantas en el intermedio, y en la base de la pirámide, agricultores que ofertaban su terreno y su trabajo a cambio de un importante porcentaje de las ganancias.