La Audiencia Nacional procesa a Gonzalo Boye acusándolo de haber intentado blanquear dinero del narcotráfico

La Audiencia Nacional ha procesado a José Ramón Prado Bugallo, 'Sito Miñanco', y a otras 45 personas físicas y 5 jurídicas por su presunta participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga. Entre los procesados se encuentra el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a quien la magistrada atribuye un delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, y un delito continuado de falsificación de documento oficial. Según Tardón, Boye y dos abogados maniobraron para justificar la procedencia legal de unos 900.000 euros en metálico intervenidos en Barajas.

En su auto de procesamiento, la magistrada del juzgado central número 3, María Tardón, atribuye a los investigados, según su participación en los hechos, delitos contra la salud pública relativos a sustancias que causan grave daño a la salud pública, con el agravante de notoria importancia, cometidos en el seno de organización criminal y de extrema gravedad; blanqueo de capitales; delito continuado de falsificación de documento oficial o tenencia ilícita de armas.

Uno de los investigados, Manuel Pedro González Rubio, tirador profesional, resulta procesado por dos delitos de homicidio en grado de tentativa, un delito de atentado en agentes de la autoridad y lesiones, ya que cuando iba ser detenido, el 5 de febrero de 2018, disparó nueve veces contra los agentes de la Guardia Civil, e hirió dos. «Únicamente cesó en su acción cuando se acabó la munición del arma con la cual disparaba», explica la jueza.

La resolución impone diferentes fianzas para cubrir las eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse de los hechos y delitos atribuidos a cada acusado. Así, a Sito Miñanco y a otros 25 procesados por delito contra la salud pública, la jueza les impone una fianza de 131,5 millones de euros.

Sito Miñanco siguió introduciendo droga mientras cumplía condena

El escrito, que recoge la solicitud de la Fiscalía Antidroga, explica que esta investigación empezó en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública y disfrutaba ya del tercer grado, cosa que le permitía trabajar en un parking de esta localidad. La jueza indica que su actividad seguía siendo la introducción y distribución de droga en España, ya que mantenía sus contactos en organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica y la infraestructura personal necesaria, «uno bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad».

El entramado criminal lo dirigía Prado Bugallo con un marcado carácter personalista, al lado de colaboradores de su máxima confianza como Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández, también condenados por narcotráfico.

La resolución de la jueza detalla que a raíz de esta investigación que se desarrolló durante los años 2016 y 2017 ha sido posible identificar dos operaciones concretas a través de las cuales Sito Miñanco y su entramado pretendían introducir enormes cantidades de cocaína en España. Fueron las correspondientes a la intervención del barco 'Thoran', abordado en el 2017 cuando transportaba 3,3 toneladas de cocaína, y el decomiso, en noviembre del mismo año, de un contenedor de cocaína en los Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia. Además de estas dos operaciones, la magistrada señala que hasta el momento de la detención, en febrero de 2018, Prado Bugallo mantuvo la planificación y ejecución constante de otras operaciones de introducción, distribución y venta de droga.

Entramado para ocultar los beneficios de la droga

A lo largo de 75 páginas la magistrada incluye la estructura societaria atribuida a Prado Bugallo. Las propiedades estaban a nombre de terceros pero, según la jueza, «el único titular real y efectivo» era Sito Miñanco. Así, el auto incluye inmuebles y numerosos vehículos que utilizaban los miembros de la organización para no ser detectados por la policía. También se explica la función de los astilleros Astilleros Facho SL como centro logístico para construir las embarcaciones que utilizaban y, al mismo tiempo, el astillero servía como a instrumento para ocultar los beneficios de la droga. El escrito detalla los inmuebles en Galicia donde se reunían los miembros de la organización y explica la función de otros mercantiles que servían al entramado para ocultar los beneficios generados por la venta de la droga.

Además de la vía de las mercantiles de Sito Miñanco, la organización utilizaba empresas de terceros que le prestaban sus servicios. La tercera vía que utilizaba la organización para ocultar los beneficios de la venta de la droga era a través de transportes de dinero, realizado por los propios miembros de la organización «para alimentar los ingresos de sus empresas, esconder así el dinero producto de la venta de la droga, o bien otros transportes de efectivo coordinados con Manuel Puente Saavedra con la finalidad última de ocultar el dinero en Colombia, haciendo uso de correos humanos».

Procesamiento de tres abogados por blanqueo

El auto de la magistrada explica como en una de las operaciones realizadas por estos correos humanos que el grupo de Sito Miñanco utilizaba para enviar el dinero en Colombia, fue interceptado por la policía. El 6 de febrero del 2017 diversos de los investigados fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban escondidos en el fondo de su equipaje un total de 889.620 euros. La jueza relata como ante este decomiso, García Arango y el también procesado Puente Saavedra iniciaron las acciones para recuperar el dinero que pertenecía a Sito Miñanco.

Para encontrar la forma de recuperar el dinero, tuvo lugar un encuentro en que participaron Puente Saavedra, Prado Bugallo y García Arango con los investigados Gonzalo Boye y Jesús Morán Castro, los dos abogados. En la reunión, los letrados los informaron de que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compra-venta de letras de cambio de acuerdo con los cuales, otro de los procesados, González Rubio, las habría vendido a terceros unos días antes del decomiso del dinero en Barajas. Este supuesto negocio, según la jueza, «no presentaba ninguna lógica comercial, ya que en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente González Rubio las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía».

La jueza concluye que los abogados «Boye, Morán Castro y Guerra Medina, con la participación determinante de Lara Bolarín, conociendo la existencia de estas letras cambiarias y el carácter ficticio de la operación comercial, diseñaron y confeccionaron los documentos con el objetivo de simular que González Rubio había vendido estas letras de cambio días antes del decomiso; las presentaron en el expediente sancionador conociendo su falsedad y que las operaciones de compra-venta eran ficticias, con el objetivo de recuperar el dinero intervenido y esconder que procedían del narcotráfico en última instancia».

El escrito de la magistrada recuerda que por estos hechos, el 17 de octubre del 2017, la Secretaría General del Tesoro impuso a González Rubio y a cada uno de los otros investigados una multa por infracción grave tipificada en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Por eso, la jueza procesa a los tres abogados por blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, y un delito continuado de falsificación en documento oficial.