Los dueños de un restaurante en Málaga detenidos por obligar a tres empleados a trabajar con covid
Los trabajadores, sin papeles legalizados, temían que los echaran. Uno de ellos ha sido ingresado en la UCI
policía nacional, coche
Un hombre y una mujer que regentan un restaurante en la comarca malagueña de la Axarquía han sido detenidos por la Policía acusados de obligar a tres de sus empleados a seguir trabajando pese a estar contagiados de la covid-19, uno de los cuales empeoró e ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital.
Según ha informado este lunes la Policía, el matrimonio investigado se habría aprovechado de la situación de los trabajadores, extranjeros en situación irregular, y les amenazó con el despido o la no retribución de los servicios prestados si cogían una baja o daban publicidad a los contagios.
La investigación se inició a partir de la denuncia de una de las víctimas, que carecía de permiso para residir y trabajar en España, y que informó a los agentes de las condiciones abusivas que sufría por parte de sus empleadores.
A inicios de septiembre los investigados tuvieron síntomas compatibles con la covid, pero, ante el resto de los trabajadores, adujeron que se trataba de un mero resfriado y acondicionaron un botiquín en el local con medicinas antitérmicas para combatir los episodios de fiebre.
Días más tarde dos cocineros y un camarero comenzaron a encontrarse enfermos en el local y se confirmó, tras las pruebas pertinentes, que eran positivos en covid.
Al comunicar a sus jefes que estaban infectados, comenzaron a amedrentarlos y les presionaron para que no cesaran en su actividad laboral bajo amenazas.
Los agentes descubrieron que en ningún momento el matrimonio proporcionaba mascarillas a los empleados de la cocina (sí a los camareros al estar de cara al público), lo que implicaba un riesgo para la salud no solo de trabajadores, sino también de la clientela.
Los regentes del local obligaban presuntamente a sus empleados a aprenderse datos de filiación de terceras personas que figuraban dadas de alta en la Seguridad Social para identificarse ante una eventual inspección de Trabajo.
El matrimonio está acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública y falsedad documental.