Policial
Investigan a una empresa por vender y hacer tests ilegales de covid
Cobraban entre 40 y 70 euros por cada servicio prestado y siempre en efectivo
Sólo algunas farmacias de Tarragona ya disponen del test|tiesto rápido de anticuerpos
La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigados al administrador, gerente y dos trabajadores de una empresa de Villanueva de la Serena como presuntos autores de delitos contra la salud pública, estafa e intrusismo profesional al comercializar y realizar test de detección de COVID-19 sin autorización sanitaria y requisitos legales.
La operación, en la que ha colaborado la Policía Local de Talavera la Real, se inició a finales de diciembre cuando los agentes tuvieron conocimiento de que esta empresa ofertaba y realizaba las pruebas en domicilios y empresas del municipio villanovense.
El Área de Investigación de la Guardia Civil de Badajoz averiguó que, tras adquirir estos productos sanitarios a través de internet, los ofertaba en redes sociales tanto para su venta directa como para la realización de los test a particulares y trabajadores de empresas.
Asimismo, comprobaron que la realización de las pruebas de diagnóstico de detección de coronavirus eran efectuadas por personas no cualificadas sin la debida autorización sanitaria y demás requisitos legales habilitantes para hacerlo, por lo que no había ninguna medida de seguridad preventiva e higiénico-sanitaria, tanto del lugar como del personal que las practicaba.
Con esta actividad ilícita consiguieron estafar a una treintena de pacenses de diferentes municipios, a los que cobraban entre 40 y 70 euros por cada servicio prestado, cuantía que siempre percibían en efectivo sin facturación.
Los resultado se comunicaban "in situ" y de forma verbal, sin extender certificado o documento que refleje caso de ser positivo o negativo y los medios o productos empleados, con la consecuente deficiencia en las garantías sanitarias.
Se detalla la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz en un comunicado, en alguna ocasión, y ante la insistencia de algún cliente, extendieron un documento a modo de certificación, carente de validez, donde no se reflejaba la acreditación facultativa médica.
De este modo, a los investigados se les ha instruido diligencias como presuntos autores de los delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a grupo delictivo.