Representantes sindicales se encierran en la sede de Puertos del Estado para reclamar la aplicación del convenio

Los responsables de los sindicatos UGT, CCOO y CIG (Confederación Intersindical Galega) se han cerrado desde el pasado miércoles en la sede de Puertos del Estado en Madrid para reclamar la aplicación del incremento salarial del 2,3% en 2020 acordado para los empleados públicos.

Según han explicado fuentes sindicales, se trata de un cierre indefinido de cuatro representantes de los trabajadores -dos de CCOO y dos de UGT, a los cuales podría unirse un militante de CIG-, todos ellos con test negativos en covid-19 y respetando «escrupulosamente» las medidas de seguridad. Una de las sindicalistas cerradas es Rocío León Aller, delegada sindical de la UGT en la Autotitat Portuària de Tarragona.

Las organizaciones sindicales han precisado que dicha subida salarial está recogida en el III convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, publicado en el BOE el 15 de junio de 2019, tras obtener las correspondientes autorizaciones de los órganos de control.

Estos órganos son: el Ministerio de Hacienda, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR); la Comisión Nacional de Seguimiento de la Negociación Colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas; el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los sindicatos han tomado la decisión de llevar a cabo esta movilización, tras la reunión de ayer con los responsables del organismo público y una representación de las autoridades portuarias, en la que la parte empresarial les trasladó que carece de la autorización del Ministerio de Hacienda para aplicar lo pactado.

Fuentes de Puertos del Estado han indicado a Efe que los trámites de la reclamación para la revisión económica del salario están hechos, pero "aún no ha habido una respuesta afirmativa" por parte de los órganos competentes y, por tanto, la entidad está a la espera de una autorización expresa del Ministerio de Hacienda, a través de la CECIR.

«Una cosa es el convenio colectivo, que entre una infinidad de cuestiones recoge dicha subida, y otra es hacerla efectiva, para lo que la CECIR debe reconocer unas cuantías económicas para que se pueda aplicar», ha matizado.

«Si la CECIR fuera consecuente con lo que en su día autorizó en el convenio, tendría de manera automática decir que se puede aplicar, pero tiene que haber esa conformidad expresa del organismo competente», han insistido desde Puertos del Estado.

De acuerdo con los sindicatos, los trabajadores de los puertos «han soportado» recortes salariales y de derechos a lo largo de 10 años consecutivos, mientras que el sistema portuario público estatal, que se rige por el principio de la autosuficiencia económica solvente, ha generado beneficios en los momentos más duros de la crisis económica (alrededor de 200 millones anuales) e incluso en 2020, pese al impacto de la pandemia.