Desmantelada una organización que simulaba maltratos para conseguir ayudas

La Policía Nacional ha detenido a seis personas y ha investigado a otras 40 por su presunta pertenencia a un grupo ubicado en El Ejido (Almería) que facilitaba la concesión de ayudas económicas a falsas víctimas de malos tratos.

Según ha informado la Comisaría Provincial de Almería en una nota, el grupo, al que se acusa de los delitos de pertenencia a grupo criminal, denuncia falsa, simulación de delito y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estaba especializado en fingir una situación de maltrato y forzar una denuncia falsa para obtener la renta activa de reinserción, y en su caso, un permiso de residencia para mujeres extranjeras en situación irregular en España.

A cambio, las mujeres beneficiarias debían pagar en torno a 4.000 euros, de los cuáles 1.000 iban a parar al actor agresor.

Los agentes detectaron una red organizada dedicada a la captación de dichas mujeres extranjeras en situación irregular, que a cambio de una suma de dinero les ofrecían la posibilidad de conseguir una tarjeta de residencia en España y una renta mensual con este 'modus operandi'.

Desde el mes de marzo del año pasado, los agentes han ido recopilando indicios suficientes sobre esta trama formada por personas de origen español y magrebí.

Presuntamente, las mujeres extranjeras eran atraídas por dicha organización, asegurándoles que se trataba de una práctica sencilla, sin riesgos y con la efectividad de conseguir el último caso una autorización de residencia y un ingreso económico mensual por parte de la Administración.

Según la Policía, después de que las mujeres abonasen alrededor de 4.000 euros, la organización desmantelada ofrecía los servicios de un varón de nacionalidad española, quien estaba dispuesto a simular que ambos tenían una relación de pareja o análoga.

«Siguiendo un guión establecido, convenían acudir a un lugar público» y una vez allí, y en presencia de varios testigos, fingían mantener una discusión la cual siempre derivaba en una agresión física no grave sobre la mujer, siendo los testigos quienes solicitaban entonces la presencia policial.

Las declaraciones de los testigos eran «cruciales para dar instantánea credibilidad al fraude», y posteriormente condicionantes sobre el sentido de la sentencia condenatoria y sus medidas cautelares. El presunto agresor, accedía a la representación de ese papel a cambio de una contraprestación económica que oscilaba entre los 1.000 y los 1.500 euros.

La falsa víctima y promotora del fraude, en el momento de la celebración del juicio, ratificaba su declaración, y a partir de ahí se convertía en beneficiaria de estas ayudas previstas paras las víctimas reales.

Los arrestados en la Operación Fres-Onu han pasado a disposición judicial el pasado día 29 de enero; sin embargo, la investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta llevar a cabo nuevas detenciones.