Bruselas defiende la autodeterminación de género porque es el «más respetuoso» con los derechos humanos

«Las comunidades autónomas no tienen competencias para regular el cambio registral de género, se puede cambiar la tarjeta sanitaria, se puede pedir un cambio de nombre a la escuela... pero todos los documentos oficiales entran dentro de la legislación estatal», apunta al experto del TGEU, Leo Mulió.

Contexto europeo

Aunque la Organización Mundial de la Salud ya ha dejado de considerar las identidades trans como una patología y ha eliminado la categoría de la identidad de personas transexuales del capítulo de trastornos, «todavía queda mucho por hacer», dice el oficial de políticas transgénero de Transgender Europe (TGEU), Leo Mulió.

La mayoría de países europeos permiten el reconocimiento legal del género de las personas transexuales para que sean reconocidas de acuerdo con su identidad de género. El proceso permite a las personas «cambiar su nombre y género en los registros administrativos para que los documentos oficiales coincidan con su género», tal como apunta el informe de la Comisión Europea del 2020.

No obstante, los requisitos establecidos para reconocer el cambio de género en el ámbito legal varían según la legislación estatal. La gran mayoría de estados europeos requieren la presentación de informes médicos o el tratamiento de hormonas para cambiar legalmente el género, como es el caso de España.

Sólo seis estados miembros exigen únicamente la voluntad de las personas para reconocer este cambio de género. Dinamarca fue el primer país a implementar este procedimiento el año 2014. Lo siguieron Malta e Irlanda en el 2015, y Bélgica, Luxemburgo y Portugal lo implantaron con enmiendas más recientes. Los países europeos de fuera la UE que cuentan con este procedimiento son Islandia, Noruega y Suiza.

Estos países tienen un proceso de reconocimiento legal de género basado en la autodeterminación, es decir, en la voluntad. Para hacerlo, los solicitantes pueden cambiar su género legal a través de una declaración escrita o una solicitud ante una autoridad competente.

«Todos los países europeos que han revisado las leyes de reconocimiento legal de género los últimos diez años han avanzado o hecho pasos adelante hacia la autodeterminación, o muy cerca», asegura el oficial superior de políticas de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA-Europe), Cianán Russell.

Requisitos más estrictos

Hay estados miembros con requisitos mucho más estrictos. Ninguno de los seis países mencionados anteriormente y tampoco Francia ni Grecia requieren pruebas médicas para proceder al cambio legal de género. Datos de la Comisión Europea del 2019 apuntan que el resto de estados miembros exigen pruebas psiquiátricas.

También la mayoría exigen un tratamiento de hormonas para hacer el proceso, a excepción de Chipre, Alemania, Croacia, Países Bajos, Polonia y Serbia.

«Los estados miembros que requieren la esterilización y la cirugía están violando las leyes vinculantes de derechos humanos internacionales», apunta el informe de la CE. Es el caso de Chipre, República Checa, Rumania y Eslovaquia.

A escala europea no hay una legislación que proteja los derechos de las personas transgénero, pero las instituciones han posicionado con recomendaciones.

«La CE se comprometió en una estrategia por la igualdad LGTBIQ+ a ampliar la cobertura para garantizar que las personas trans estuvieran protegidas contra el resto de discriminaciones» asegura el oficial de políticas superiores de ILGA, Cianán Russell.

Peligros de la extrema derecha

El impacto de la extrema derecha en los derechos trans «es muy real y muy directo», apunta el oficial del TGEU, a Leo Mulió. «Hungría ha retirado la posibilidad de cambiar legalmente de género y el Reino Unido deniega la atención sanitaria específica a los menores», lamenta.

Un informe anual de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA-Europe) apunta que «ha crecido significativamente la oposición a los derechos de las personas transexuales en Europa y que ha habido regresión en Austria, Croacia, Finlandia, Hungría, Lituania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido».

«La extrema derecha, algunos grupos religiosos y también grupos del feminismo han creado una narrativa en contra de los derechos de las personas trans», lamenta el experto del TGEU, Leo Mulió que añade que son discursos «muy preocupantes que refuerzan la transfobia que ya existe».

Polémica en España

En España la ley del cambio de sexo registral se aprobó en el 2007 y requiere un diagnóstico de disforia de género, que es el rechazo al cuerpo o a los genitales porque no corresponden con la identidad de género, y un tratamiento hormonal durante al menos dos años.

Más de una década después, el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos) ha redactado un borrador de «ley trans»que pretende implantar la autodeterminación del género, y por consiguiente, eliminar los requisitos médicos que establece la ley vigente. En el caso de los menores de entre 12 y 16 años, los cambios se podrían realizar con el consentimiento de los padres.

El borrador ha generado polémica entre algunas corrientes feministas porque denuncian que con la autodeterminación se abre la posibilidad de que hombres acusados de violencia de género cambien su sexo registral para evitar las penas. Por este motivo, el borrador indica de forma explícita que «el cambio de sexo no alterará la titularidad de los derechos y las obligaciones jurídicas que puedan corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral».