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Estrasburgo condena a España por no investigar las cargas policiales de «rodea el Congreso»

El TEDH tendrá que indemnizar con unos 1.000 euros a una manifestante por daños morales

Imagen de archivo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, TEDHACN

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado este martes a España por no llevar a cabo una «investigación profunda y efectiva» de los golpes policiales que recibió en 2012 una manifestante de la concentración «Rodea el Congreso», refugiada en un bar del madrileño barrio de Huertas.

La sentencia concluye que España vulneró el artículo 3 (Prohibición de la tortura) del Convenio Europeo de Derechos Humanos en su aspecto procesal.

El fallo dictado obliga a España a indemnizar a la demandante con 1.000 euros por daños morales. En concepto de daños materiales, la Audiencia Nacional ya la había compensado con 750 euros.

La Corte Europea entiende que las autoridades españolas «han sido incapaces de identificar e interrogar a los policías implicados, y evaluar correctamente la proporcionalidad de sus acciones hacia la demandante».

Recuerda que el juez de la Audiencia Nacional que acordó la indemnización consideró que la demandante «no debió haber sufrido estas lesiones, porque nada hace concluir que contribuyó a los actos violentos después de la manifestación».

Esta indemnización, después del rechazo del recurso de amparo por el Tribunal Constitucional, «no pudo reparar la falta de efectividad de las investigaciones de las autoridades sobre el carácter desproporcionado del uso de la fuerza», dice el fallo.

Ghanima Julia López Martínez (nacida en 1986 y residente en Madrid) asistió con dos amigas el 29 de septiembre de 2012 a la manifestación «Rodea el Congreso» contra la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno.

Una vez finalizada, hubo episodios de violencia entre manifestantes y fuerzas antidisturbios, y las tres mujeres se refugiaron en el bar La Brocense, en la calle Lope de Vega, a 400 metros de la Cámara Baja.

Después del vuelco de contenedores en la calle por parte de personas no identificadas, los agentes entraron en el bar y «desalojaron por la fuerza a algunas personas», entre ellas la demandante.

Tres semanas después, presentó una denuncia contra los agentes, al lado del parte médico de lesiones por «herida en la cabeza que necesitó la colocación de una grapa en el cráneo, traumatismo craneal y múltiples contusiones».

Además, presentó el nombre de tres testigos, mencionó un vídeo emitido en La Sexta y la matrícula del furgón policial aparcado delante del bar. La Fiscalía solicitó sobreseer el caso por falta de pruebas.

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