Expertos en derecho penal europeo no descartan que Luxemburgo fuerce Bélgica a reconsiderar la extradición de Puigdemont

Las prejudiciales de Llarena

A raíz de la negativa de Bélgica a extraditar al exconseller Lluís Puig al detectar un riesgo de vulneración de sus derechos en la causa del 'proceso', el juez instructor del Supremo Pablo Llarena ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE que aclare sus dudas sobre este precedente favorable a Puigdemont. Le ha enviado hasta siete preguntas prejudiciales donde cuestiona la decisión belga.

Llarena pregunta al TJUE, entre otras cosas, si Bélgica puede examinar el riesgo de vulneración de derechos fundamentales en el caso de los exiliados y, si fuera así, si se puede basar en la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias vinculado a la ONU. «Constituye este informe un elemento objetivo, fiable, preciso y debidamente actualizado para justificar (...) ¿la denegación de la entrega»?, se pregunta Llarena.

Los tribunales belgas denegaron la extradición de Puig porque ven un riesgo de vulneración del derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia en el caso del 1-O basándose, principalmente, en el documento del grupo de trabajo.

Por otra parte, Llarena también quiere saber hasta qué punto Bélgica puede rebatir su competencia. Los magistrados belgas reprochan a los jueces del Supremo que se declaren competentes para juzgar a todos los implicados en el caso del 1-O sin una base jurídica «explícita». «Sin un texto legal explícito a este efecto, el Tribunal Supremo no se puede considerar como el órgano judicial establecido por la ley», afirma la sentencia, insinuando que los magistrados españoles no interpretan bien sus propias leyes.

Admisibilidad del caso

Los expertos se inclinan para pensar que Luxemburgo se quedará el caso y tardará casi un año en pronunciarse. André Klip, profesor de derecho penal de la universidad de Maastricht, ve «extraño y extraordinario» que Llarena pregunte en Luxemburgo sobre la sentencia de los belgas, pero dice que hay un precedente similar y ve «muy probable» que las admita. Eso sí, las tendrá que «reformular» porque, según él, no están muy bien planteadas.

También el profesor de derecho europeo de la Universidad de Amberes, Henri de Waele, cree que se aceptarán si el TJUE las ve «útiles» para resolver la disputa judicial entre España y Bélgica. «Ante dos tribunales que se contradicen, una decisión del TJUE podría aportar claridad o incluso establecer algunos límites», apunta de Waele.

La profesora de derecho penal europeo de la Universidad de Leiden, Jannemieke Ouwerkerk, recuerda que el TJUE no dirá nunca directamente a un juez qué tiene que hacer: «Sólo interpretan la legislación de la UE». Los magistrados europeos sólo darán una «orientación sobre qué criterios» se tienen que aplicar para resolver las euroórdenes, añade el profesor de derecho penal de la Universidad de Maastricht André Klip.

«El tribunal pondrá deberes a las dos partes y los instará a volver a hablar», anticipa Klip, que ve un «bloqueo» y una falta de «diálogo» entre los jueces españoles y los belgas.

Con todo, los expertos consultados ven posible que la resolución de Luxemburgo haga reconsiderar en Bélgica la extradición de Puigdemont. Está en juego la competencia del Supremo y los derechos fundamentales.

La competencia del Supremo

Klip ve particularmente problemático que la justicia belga determine que la española no está interpretando correctamente su propia ley a la hora de adjudicarse la competencia para juzgar la causa del 'proceso'. «El TJUE quizás lo ve excesivo», pronostica a este experto penalista.

Por eso, Klip ve «muy probable» que Luxemburgo diga que «la valoración de qué juez es competente se basa en la legislación nacional» y que Bélgica no lo puede revisar. «La evaluación de la competencia es uno de los puntos más débiles de la decisión belga», opina.

Los otros expertos ven delicado el asunto de la competencia y no han querido entrar a valorar cómo lo resolverá Luxemburgo.

Derechos fundamentales

Todos ellos consideran central el elemento de los derechos fundamentales. Los académicos afirman que si están en riesgo, las euroórdenes se pueden rechazar. Ahora bien, recuerdan que Luxemburgo considera que tiene que ser una «excepción» a la confianza habitual entre jueces y limita su margen de maniobra para cuestionarse mutuamente.

Según Klip, el TJUE ya permite revisar «derechos humanos absolutos» como el derecho a la vida. Es decir, si el extraditado podría sufrir torturas o un trato inhumanopor las condiciones en las prisiones del estado que lo reclama. Más recientemente, el alto tribunal de la UE también ha permitido a los jueces examinar si el acusado tendrá un juicio justo en un contexto de «deficiencias sistémicas» del estado de derecho corroboradas. Es el caso de Polonia.

Por el contrario, el TJUE no ha dicho todavía si este examen también se puede hacer cuando no hay un problema sistémico con la independencia judicial de un estado, como a España. «La cuestión principal es si un tribunal de ejecución puede hacer una valoración sobre el derecho a un juicio justo como hizo Bélgica», dice Klip, que considera que los belgas fueron más allá de lo que marca la jurisprudencia europea actual.

«Eso no significa que el TJUE no la pueda expandir», avanza Klip. Este experto voz posible que se atreva a dar el paso, pero tiene dudas porque la cuestión del derecho a un juicio justo es «un concepto muy amplio». Es un terreno inexplorado en Luxemburgo.

El profesor en derecho penal europeo de la Universidad de Bonn Martin Böse afirma que el requisito de «las deficiencias sistémicas» ha generado «críticas porque un riesgo real de vulneración de derechos humanos tendría que ser suficiente para rechazar» una euroorden. «Este es el punto de vista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», dice. Böse cree que Luxemburgo podría seguir el criterio de Estrasburgo y priorizar los derechos fundamentales al reconocimiento mutuo entre los estados de la UE.

«Dudo mucho de que el TJUE lo permita», discrepa de Waele. También Ouwerkerk lo ve «muy improbable» porque socavaría el principio que rige las euroórdenes. «Equivaldría a renunciar al reconocimiento mutuo del sistema europeo de extradición».

Böse avisa de que si Luxemburgo impide un examen sobre el derecho a un juicio justo si no hay «deficiencias sistémicas» en España, será «difícil» para Bélgica rechazar la euroorden de Puigdemont alegando un riesgo de vulneración de derechos fundamentales.

Grupo de Trabajo de la ONU

En cambio, si el TJUE da luz verde, también se tendría que pronunciar sobre otra duda de Llarena: ¿puede Bélgica basarse en la opinión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para dictaminar que existe un riesgo para los derechos fundamentales?

Jed Odermatt, profesor de la City University of London especializado en la interacción entre la UE y los ordenamientos jurídicos internacionales, alerta de que la opinión del Grupo de Trabajo «no es vinculante». «Es muy probable que el TJUE confirme que la resolución del Grupo de Trabajo no es vinculante con respecto a legislación de la UE», opina también de Waele.

El experto recuerda que Luxemburgo defiende «la autonomía legal» del club europeo y acostumbra a ser reticente a dar preeminencia a las decisiones de órganos internacional. «Incluso no considera del todo vinculantes las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU», dice. En cambio, el TEDH está «más abierto» a opiniones como la del grupo de trabajo.

De Waele cree que se aceptará como una «evidencia» más, pero que el TJUE pedirá «más pruebas» si considera que la denegación de Bélgica se basa en exceso en el documento del Grupo de Trabajo de la ONU.

La experta en cooperación judicial Jannemieke Ouwerkerk duda si el texto puede ser «el único» elemento para demostrar un riesgo para los derechos fundamentales, mientras que Odermatt apunta que podría ser válido: «Es un trabajo importante que se puede utilizar como parámetro objetivo para determinar si se respetará el derecho a un juicio justo».

Por su parte, Klip augura que el TJUE no se mojará y dará vía libre en Bélgica para decidir qué documentos son «relevantes» para determinar que hay un riesgo de vulneración de los derechos fundamentales.

El futuro de la extradición

La decisión de Luxemburgo puede condicionar la decisión de la justicia belga sobre la euroorden contra Puigdemont, pero las prejudiciales de Llarena giran sólo en torno a los derechos fundamentales y la competencia. La orden europea de extradición tiene otra pantalla: la equivalencia de los delitos. Es el segundo elemento que los jueces examinan para decidir si aprueban o no una extradición. Bélgica todavía no ha dicho si la sedición es un crimen equiparable en la legislación belga y si permite la extradición.

Por lo tanto, si Luxemburgo se carga el veto por vulneración de derechos humanos, la justicia belga todavía se podría negar a entregar a Puigdemont por sedición -cómo hizo Alemania con la rebelión-, pero sí que lo extraditaría por malversación. Hace casi tres años, Llarena retiró la euroorden precisamente por eso. Es una incógnita si ahora se conformaría con juzgar al expresidente sólo por malversación renunciando en la sedición, lo cual generaría una contradicción con la condena de los presos.