Defensores de sanidad pública urgen a aumentar personal de Atención Primaria

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha llamado la atención sobre la situación en la que se encuentra la Atención Primaria (AP) y ha considerado urgente reforzar ya sus recursos humanos con la mitad del presupuesto que Sanidad le ha asignado para este año.

En un análisis sobre la situación de la AP en la epidemia y las medidas para intentar solucionarla, la federación propone que al menos un 50 % de la partida de 1.088 millones dedicada a ella se destine para personal y el resto para infraestructuras y dotación de los centros de salud.

En concreto, para la federación, con la partida de personal se deberían contratar 2.000 profesionales de medicina de familia y pediatría, 4.000 de enfermería, 1.000 de trabajo social, 2.000 auxiliares administrativos y otros tantos trabajadores de las unidades de apoyo.

La distribución entre las comunidades autónomas se realizaría de manera inmediata, antes del 30 de mayo de 2021, de acuerdo en principio con el criterio de población asignada por el Sistema Nacional de Salud, aunque luego se elaboren criterios más ajustados para la distribución de recursos humanos.

Todas estas contrataciones de al menos un año las deberían hacer las autonomías con los fondos que se las transfieran y deberían tener carácter estatutario.

Esta es una de las medidas que propone la federación para reforzar la AP, que arrastra -dice- las consecuencias de los recortes de personal aplicados y de la obsolescencia de un modelo «incapaz de responder a las necesidades sociales y a las expectativas profesionales».

Una AP, que en estos momentos, además, ha sido relegada a un «papel subalterno», ya que su actividad «está subordinada a la hospitalaria», cuando a su juicio debería estar en el foco de la lucha contra la pandemia.

Para la FADSP, la AP debería tener una papel esencial para hacer frente a los retos de una epidemia relacionada con las condiciones medioambientales, los desplazamiento poblacionales, las relaciones sociales, la situación de pobreza y marginalidad de muchos grupos sociales y sobre todo de las condiciones en las residencia de mayores.

Además, denuncian que, «con la excusa de evitar contagios y como consecuencia de la falta de personal, insuficiencias de locales, escasez de personal administrativo y sobre todo las importantes deficiencias de gestión, se hayan levantado barreras de acceso a los centros de salud».

«Se ha sustituido buena parte de la consulta presencial por la telefónica, se han generado lisas de espera para consultas presenciales e incluso telefónicas», añade la federación que considera se están deteriorando de los valores fundamentales de la AP.

Las dificultades para su acceso, según la federación, están provocando descontento en la población y está haciendo que parte de los ciudadanos estén recurriendo a las urgencias hospitalarias y al sector privado para recibir una asistencia que se le niega o dificulta en la pública.

Por eso, los defensores de la sanidad pública creen que hay que cambiar el rumbo de la AP: incrementar su presupuesto, acabar con los déficit de personal, ampliar los equipos con nuevas categorías profesionales, «desmedicalizarla» y recuperar los centros de salud cerrados (desde 2015 se han clausurado 250), entre otras medidas.