La UE se pone las pilas para acordar el certificado de vacunación para verano

La Unión Europea ha pisado el pedal del acelerador en la negociación para consensuar un certificado de vacunación antes de que empiece la temporada estival, con vistas a evitar un segundo verano consecutivo con la movilidad seriamente restringida debido a la pandemia de coronavirus.

El Parlamento y el Consejo (los países) son las dos instituciones que deben ahora negociar el formato y características de este documento para el que la Comisión Europea presentó su propuesta el pasado 17 de marzo, después del interés que habían mostrado, en particular, varios Estados miembros más dependientes del turismo.

Según el proyecto presentado, el certificado sería gratuito, se podrá presentar en formato electrónico —con un código QR— o en papel —con un código de barras— y estará disponible en inglés y en la lengua oficial del país que lo emita.

El documento contendría información sobre si su portador ha recibido la vacuna contra el coronavirus, ha generado anticuerpos tras pasar la enfermedad o tiene una PCR reciente negativa, siendo este último uno de los criterios que muchos países han requerido a los viajeros en los últimos meses.

Un acuerdo antes de que acabe mayo

El socialista español Juan Fernando López Aguilar es, en calidad de presidente de la Comisión de Libertades Civiles, uno de los eurodiputados que negociará con los países para poner en marcha este certificado. Según el calendario que maneja, la idea es que se alcance el acuerdo interinstitucional en mayo para que el pleno del Parlamento Europeo le dé luz verde en su pleno de principios de junio.

La rapidez se explica por el uso del procedimiento de urgencia para la tramitación de la propuesta en la Eurocámara, que permite saltarse la fase de comisión para que la posición negociadora del Parlamento se selle mediante enmiendas votadas en el próximo pleno a finales de abril.

También el Consejo está avanzando su posición negociadora en un grupo de trabajo sobre el que se informa a menudo a los embajadores de los Estados miembros y que espera acercarse a concluir su tarea pasadas las vacaciones de Pascua.

La expectativa es que, una vez cada institución tenga clara su postura, ambas negocien durante aproximadamente un mes: López Aguilar cree que la comisión parlamentaria que preside podría revisar el resultado de ese acuerdo en su reunión prevista para la última semana de mayo, justo antes del voto en pleno.

«Somos perfectamente conscientes de que persisten dudas e incertidumbres desde el punto de vista científico, pero el legislador lo que tiene que hacer es establecer por fin una herramienta homogénea que acabe con la actual fragmentación, y por lo tanto discriminación, entre europeos impuesta por los Estados miembros», consideró.

López Aguilar advirtió de que estas restricciones generan «una inseguridad jurídica enorme» y retrasan «la confianza necesaria para poder embarcarse en la libre circulación, que es un requisito fundamental para la restauración del ciclo económico».

Una demostración de se cumplen requisitos para viajar

«Para impulsar la economía es preciso tomar esta decisión aún cuando persistan incertidumbres científicas. La carta no garantiza que su portador nunca se vuelva a infectar o que no pueda infectar. Solo garantiza que se ha vacunado, que es inmune o que tiene una PCR hecha desde hace 72 horas, y por tanto cumple con todos los requisitos para viajar sin soportar las penalidades en que en estos momentos se ha convertido el tránsito entre Estados miembros», zanjó el eurodiputado.

De cara a la próxima adopción de la posición negociadora, López Aguilar avanzó que la Eurocámara quiere garantizar que los datos del certificado sean recolectados solo por el país que lo expide, pero no por aquel ante el que se presenta el certificado.

También quieren evitar que tenga un carácter discriminatorio de cara a los viajes y negociarán para que su uso cree obligaciones vinculantes a los Estados miembros, como el que sus portadores no estén sujetos a medidas como las cuarentenas.

El eurodiputado canario también abogará por introducir en la normativa una cláusula de extinción, de forma que el uso de este tipo de certificados tenga una fecha de caducidad. «Si entramos en la pandemia por una declaración de la Organización Mundial de la Salud, este reglamento dejaría de estar en vigor el día en el que la OMS decrete la finalización de la pandemia», concluyó.