Fingen las secuelas de un accidente laboral con el fin de conseguir la incapacidad

Los hechos que se han empezado en juzgado este miércoles se remontan al 6 de mayo del 2005 cuando el ahora acusado se cayó de una altura de dos metros mientras trabajaba en una obra en una urbanización de Sils. Como consecuencia del accidente, sufrió varias lesiones y posteriormente se tuvo que someter a una intervención para extirparle un hematoma subdural bilateral.

La fiscalía sostiene que a partir de este momento –y con la ayuda de su mujer, también acusada- exageró las lesiones y las secuelas que sufría para poder conseguir beneficios. Por eso, según la fiscalía, desde el 2005 y hasta el 2012, el acusado acudió hasta seis veces en el Santa Caterina quejándose de varias dolències. Allí se le diagnosticó un «deterioro cognitivo y funcional moderado grave con alteraciones conductuales asociadas» que lo incapacitaban para cualquier actividad laboral pero también para cuidar de él mismo.

En julio del 2006 el acusado interpuso una demanda social contra la empresa donde trabajaba, la mutua y la Seguridad Social para conseguir la invalidez total pero el Juzgado de lo Social 2 de Girona le desestimó y, además, le impuso una multa porque durante el juicio quedó «probado» que el acusado llevaba «una vida normal».

Sólo unos meses antes, en mayo del mismo año, interpuso otra demanda social contra la empresa y la mutua reclamante una indemnización y que dio lugar a un proceso tramitado por el Juzgado de lo Social 1 de Girona. El año 2012 se notificó el acta de conciliación y al principio del 2013 el acusado pidió ampliarla reclamando más de 500.000 euros por un supuesto «agravamiento de las secuelas». El juicio, sin embargo, quedó suspendido por la tramitación de diligencias de investigación.

En paralelo, a mediados del 2006, el Juzgado de Instrucción 3 de Santa Coloma de Farners inició diligencias previas en las cuales el acusado se personaba como acusación particular demandante la empresa por un delito contra los trabajadores.

El periplo judicial, sin embargo, no acaba aquí. El año 2011 y en esta ocasión por vía administrativa ante la Seguridad Social, el acusado reclamó la invalidez permanente absoluta alegando las mismas secuelas que en el anterior procedimiento. En este, sin embargo, según recoge el escrito de la fiscalía, vía resolución administrativa se le reconoció la invalidez absoluta con una pensión de 1.375 euros mensuales. Como consecuencia de este reconocimiento, el acusado recibió de la Seguridad Social 14.392,81 euros el año 2011; 16.967,40 euros el año 2012; 17.137,08 el año 2013 y 11.394,72 euros el año 2014. Un total de 59.892 euros.

A principios del 2012, la Sección de Incapaces de la Fiscalía de Girona abrió diligencias informativas promoviendo la incapacidad del acusado. Lo visitó una forense, que examinó su historial clínico y «sin recibir la sentencia del 2007», se pronunció en el mismo sentido que los informes médicos anteriores. En concreto, que tenía un alto grado de dependencia, deterioro de las funciones cognitivas y funcionales, que necesitaba un bastón, que estaba desorientado y que tenía dificultades para expresarse.

A raíz del informe y después de un nuevo examen forense, el juzgado de Primera Instancia 2 de Santa Coloma de Farners le concedió la incapacidad y designó como tutora a su mujer.

Ahora, sin embargo, la pareja se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Girona. Porque la fiscalía los acusa de haber fingido las secuelas con el objetivo, precisamente, de conseguir la incapacidad. A su escrito de conclusiones provisionales, el ministerio público considera que el procesado, que «llevaba una vida normal», exageró y, con connivencia de su mujer, consiguió su objetivo; es decir, que se le concediera la incapacidad.

Durante el juicio, el acusado ha contestado las preguntas de la fiscal con respuestas totalmente inconexas e, incluso, se ha echado a llorar recordando a su hijo. De hecho, la defensa –que ha declinado interrogarlo- ha asegurado que estaba «manifiestamente incapacitado» y «ausente» y que esta situación lo dejaba en «indefensión» para ser juzgado. Al trámite de cuestiones previas, también ha alegado prescripción de los hechos, vulneración del derecho a la intimidad por varias grabaciones, del derecho a la tutela judicial efectiva y ha negado que simularan las secuelas.

Tanto la fiscal como el juez, sin embargo, consideran que la incapacidad del acusado es «precisamente» la cuestión de fondo del juicio y que durante las sesiones, que se alargarán al menos hasta el jueves, se tendrá que probar si realmente sufre las secuelas que dice tener o bien lo está simulando.

Durante el interrogatorio, su mujer –y también acusada- ha reiterado la versión del procesado y ha asegurado a preguntas de la fiscalía que después de tener el accidente y de la operación sufría muchos dolores y que fue a peor. También ha dicho que no se podía valer por él mismo, que necesitaba un bastón, que no podía conducir y ni tan sólo mantener una conversación coherente.

Varios videos contraduien la versión de los acusados

A pesar de eso, durante el juicio se han visionado varios vídeos donde se ha podido ver el acusado –a quien inicialmente su mujer decía no reconocer- haciendo vida normal. En algunas ocasiones, con bastón pero andando sin ayuda y, en otros, en un bar, comprando, fumando o manteniendo una conversación.

La fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa continuado y de un delito de estafa procesal continuada. Al acusado lo considera autor y a la acusada cooperadora necesaria. Para cada uno de ellos, pide 12 años de prisión -6 por cada delito- y una multa de 3.600 euros. En materia de responsabilidad civil, reclama una indemnización conjunta en la Seguridad Social de 59.892,01 euros por las «cantidades indebidamente recibidas».

La defensa, en cambio, considera que no ha habido ningún tipo de delito y pide la absolución de los acusados.