Infraestructuras
El Gobierno empieza a plantear un «sistema de pago» en las autopistas que acaban la concesión
Es un compromiso con Bruselas para establecer un sistema para «cubrir los costes de mantenimiento» de carreteras
El Gobierno español empieza a plantear un «sistema de pago» en las autopistas que acaban la concesión
El gobierno español prevé implantar un «sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad» que permita «cubrir los costes de mantenimiento». Así consta en el documento de 200 páginas del 'Plano de Recuperación, Transformación y Resiliencia' elaborado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que el miércoles se presenta en el Congreso y que se tendrá que enviar a Bruselas. Cuando quedan sólo unos meses para la liberalización total de los tramos catalanes todavía de pago del AP-7, el AP-2, la C-32 y la C-33, el gobierno español habla por primera vez de su intención de «revisar la financiación de las vías de alta capacidad y establecer un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red estatal».
El 31 de agosto se acaban las concesiones de Abertis en las vías catalanas de alta capacidad: el AP-7 entre la Jonquera y Tarragona, y el AP-2 entre el Vendrell y Zaragoza pasarán a depender, directamente, del Ministerio de Transportes, mientras que la C-32 y C-33 serán de titularidad catalana.
Con el fin de las concesiones, hay un fuerte debate sobre cómo se financiará el mantenimiento de las vías, y, de acuerdo con el plan publicado por el gobierno español, una opción similar a la viñeta podría estar sobre la mesa. El documento no precisa si el pago por uso se aplicara a todos los vehículos, o sólo a algunos.
El documento, de 200 páginas, menciona el transporte para decir que hay que potenciar los corredores ferroviarios como el Mediterráneo –que promete acabar- y apunta al impulso de una Estrategia de Movilidad Sostenible y una Ley de Movilidad y Financiación del Transporte para «desarrollar un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad».
Además de garantizar los fondos para la conservación de las carreteras, el dinero, apunta el gobierno español, tienen que servir para «integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como pasa con el resto de infraestructuras».
