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Las autonomías podrán recurrir al Supremo si los tribunales tumban las medidas después del estado de alarma

El Consejo de Ministros aprueba este martes un decreto para prorrogar algunas medidas del escudo social

La façana del Tribunal Suprem

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El gobierno español aprueba este martes un decreto que habilita las comunidades autónomas a recurrir al Tribunal Supremo si los tribunales autonómicos tumban las restricciones que impongan después del estado de alarma. A partir del 9 de mayo, los tribunales superiores de justicia de cada autonomía tendrán que avalar las medidas que limiten derechos fundamentales. El decreto, según ha adelantado El País, modifica la ley que regula el contencioso-administrativo y permite que las autonomías puedan presentar recurso de casación en el Supremo, una posibilidad que no tenían hasta ahora. Así pues, el alto tribunal español tendrá la última palabra y unificará doctrina en caso de que tribunales autonómicos adopten criterios diferentes.

La vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, ha explicado que el decreto da «apoyo legal» a las autonomías para «mantener medidas de protección excepcional» contra la covid-19. En rueda de prensa este martes, Calvo ha dicho que la norma da un «paraguas de protección».

Calvo ha argumentado que, de este modo, se puede afrontar la salida del estado de alarma con «tranquilidad y seguridad». Según la vicepresidenta primera, que el Supremo tenga «la última palabra» da «seguridad jurídica» y garantiza la «igualdad» entre autonomías porque podrá «unificar doctrina».

El decreto entrará en vigor cuando decaiga el estado de alarma el 9 de mayo. Calvo ha explicado que la norma también permite «mantener en el tiempo» las medidas del escudo social o restricciones vinculadas al estado de alarma.

La vicepresidenta ha concretado que, a partir del 9 de mayo, se mantendrán medidas como la suspensión de los desahucios a personas vulnerables o la garantía de suministros o el bono social. También permite mantener los controles a pasajeros internacionales o la posibilidad que sanitarios jubilados ejerzan mientras cobran la jubilación.

Otra medida que seguirá es la suspensión de las reuniones de juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre. El decreto, según ha explicado Calvo, se ha impulsado desde nueve ministerios.

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