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El Tribunal de Cuentas mantiene en 5,4 MEUR la petición de fianza por la acción exterior y da 15 días hábiles para abonarla

Si los excargos del Govern no la pagan en el plazo establecido, procederá a embargarles bienes

Plano general de la entrada de la sede del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones por|para los gastos exteriores de la Generalitat los últimos añosACN

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El Tribunal de Cuentas ha mantenido en 5,4 millones de euros la petición de fianza a 34 excargos del Govern por la acción exterior entre 2011 y 2017. Ahora, la delegada instructora les da 15 días hábiles para abonarla de forma solidaria entre los afectados. Si los responsables de los presuntos gastos indebidos no abonan la cantidad reclamada en el plazo fijado, se procederá a embargarles bienes. La delegada instructora no ha hecho modificaciones sustanciales en el acta de liquidación después de escuchar las alegaciones de las defensas el martes, en una sesión que se ha alargado hasta este miércoles. La cantidad fijada, que se tendrá que confirmar más adelante en un juicio, es de 5.422.411,10 euros.
El acta de liquidación provisional que el Tribunal de Cuentas entregó ayer a los afectados cifraba los gastos supuestamente irregulares en 5.422.879,48 euros. Las únicas partidas que han sufrido ligeras variaciones a la baja han sido las atribuidas a las delegaciones de la Generalitat en Dinamarca y Croacia.

En la sesión de este miércoles ha sido el turno de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones particulares. Según ha explicado el abogado y exconseller Francesc Homs en una atención a los medios a la salida, el ministerio público ha hecho una intervención 'política' y la abogacía no ha hecho ninguna argumentación.

La delegada instructora ha exonerado ocho de los 42 excargos a quien había citado entre los cuales los exconsellers de Presidencia Jordi Turull y Neus Munté. También exonera a Javier Acín, Francesc Cubell, Jordi Serra, Virginia Astigarraga, Pau Villòria y Juan Prat.

Pago de la fianza

Los 34 excargos del Govern afectados tendrán que ponerse de acuerdo para abonar el total de 5,4 millones de euros de forma solidaria. El Tribunal de Cuentas ha fijado un máximo para cada uno de ellos que corresponde a la suma de las partidas con las cuales los vincula. Sin embargo, la suma de los importes que les atribuye individualmente supera los 5,4 MEUR. Por lo tanto, no tendrán que abonar la cifra individualizada en su totalidad.

La delegada instructora vincula al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a su exconseller de Economía, Andreu Mas-Colell, con el gasto de 2,8 millones de euros. A Carles Puigdemont y Oriol Junqueras con 1,9 millones de euros. Al exconseller de Acción Exterior del Gobierno de Puigdemont, Raül Romeva, al Tribunal de Cuentas lo responsabiliza de un máximo de 2,1 millones de euros y al exconseller de Presidencia de Masía, Francesc Homs, 2,9 millones de euros.

Los importes más elevados, que superan los 3 millones de euros, se los atribuye al exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, a quien se fija un máximo de 3,6 millones así como a la exinterventora general Mireia Vidal, para quien se cifra la fianza en 3,1 millones.

La responsabilidad es solidaria y, por lo tanto, todos los excargos vinculados a una partida tienen la obligación común de hacerse cargo sin orden de prevalencia. Así, si alguno de ellos no pudiera abonar la fianza, quedaría cubierta por el resto de responsables. De esta manera, el Tribunal de Cuentas pretende asegurar el cobro del importe reclamado por si hubiera personas insolventes. De aquí que la suma de todas las fianzas individuales supere el importe que tendrán que pagar solidariamente entre todas, que no superará los 5,4 millones de euros.

Homs critica la fianza

Homs ha criticado que la fianza impuesta es un «despropósito» y no tiene «fundamentación jurídica razonable». «Busca perseguir una ideología, un planteamiento político,» ha dicho. El exconseller ha explicado que la Fiscalía ha dado un «mitin» en que «se ha quejado de que desde el independentismo se cuestione el Tribunal de Cuentas» mientras que la Abogacía del Estado ha dicho que «no diría nada».

Los afectados podrán recurrir el acta provisional definitiva delante del Tribunal de Cuentas y, una vez se hayan resuelto los recursos, las acusaciones podrán presentar demanda. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, adelantó ayer martes que la Abogacía del Estado no la presentaría como dijo que hacía siempre una vez presentada la liquidación provisional.

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