El Tribunal de Cuentas se defiende

El Tribunal de Cuentas ha emitido este jueves una «nota esclarecedora» de respuesta a «las noticias que aparecen en algunos medios» donde reivindica su «independencia» y asegura que su personal está «altamente cualificado». El tribunal, que tiene entre sus miembros el hermano del expresidente José María Aznar y que ha puesto al frente de la gestión de los expedientes a los independentistas a la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante, sostiene que su función es «de naturaleza eminentemente técnica» y recuerda que sus consejeros son elegidos por tres quintas partes de los plenos del Congreso y del Senado y son independientes e inamovibles».

Se trata de un comunicado inédito del Tribunal de Cuentas, que este martes rechazó todas las alegaciones de las defensas y dio 15 días a 34 excargos de la Generalitat para que depositen 5,4 millones de euros gastados en la acción exterior del Govern entre 2011 y 2017.

El Tribunal ha sido objeto de críticas estas semanas por su politización, y acumula episodios polémicos como la absolución de la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, el 2019, condenada en primera instancia a pagar 22,7 millones de euros por la venta de 5.315 viviendas protegidas a fondo buitres.

El Tribunal tiene entre sus miembros el hermano de Aznar, Manuel Aznar, la mujer del exministro del PP Federico Trillo, Maria José Molinuevo y la exministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante. Según una información de El País en el 2014 cerca de 100 de las 700 personas que forman la plantilla tenían lazos familiares con altos cargos de la misma institución.

Este jueves, y ante informaciones que recogen estos y otros hechos, el Tribunal ha emitido una «nota» donde «aclara que es un órgano constitucional» que «disfruta de plena independencia en el ejercicio de sus funciones» y que «tan sólo está sometido al ordenamiento jurídico».

Según el Tribunal, su función es «eminentemente técnica» y se ejecuta «de forma ajustada a normas y procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas internacionales para el ejercicio de esta función».

En este sentido recuerda que «los informes de fiscalización son aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas y no pueden ser modificados por otras instancias ni recorridos».

También destaca que ejerce «una función jurisdiccional dirigida a juzgar responsabilidades contables por obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos».

En este sentido, recuerda que sus consejeros «son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso y del Senado» y «son independientes e inamovibles de acuerdo con la Constitución».

Además, según la «nota esclarecedora», el personal «está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido en el Tribunal por los procedimientos de ingreso a la función pública previstos en las leyes».

«La misión del Tribunal de Cuentas es contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y judicial», sostienen.