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Economía

Escrivá dice que las pensiones del 'baby boom' se pueden pagar con impuestos o con «mecanismos selectivos» para la generación

El ministro anuncia que Hacienda tendrá que autorizar el incremento de gastos de la Seguridad Social ajenos a las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Escrivá dice que «el esfuerzo adicional» a la generación del 'baby boom' es temporal y no afectará a los menores de 40 años

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El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dicho que los «eventuales problemas» de financiación de pensiones derivados del aumento de altas de la generación del 'baby boom' se podrían resolver de dos maneras: o bien con un impuesto «pagado por todos» o con «mecanismos selectivos aplicados» a esta generación, en una comparecencia a la Comisión del Pacto de Toledo al Congreso. Sin embargo ha afirmado que los problemas de solvencia son «temporales», acotados entre 2025 y 2050 y que el punto de partida es «sólido». Por otra parte, Escrivá ha añadido que el acuerdo con los agentes sociales contempla que cualquier aumento de gasto de las cuentas de la Seguridad Social ajeno a las pensiones tenga que contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda.
En una comparecencia a petición propia a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, el ministro ha asegurado que ya se ha cubierto el 80% del déficit registrado por el sistema de pensiones previo a la covid en los últimos presupuestos generales del estado, en los cuales se secó este decalaje en 14.000 millones de euros.

En una larga intervención, Escrivá ha defendido que los problemas que sostenibilidad del sistema se resuelven con la edad de jubilación fijada y con los incentivos impulsados para que la edad efectiva se alíe con la legal. En este sentido, el socialista ha descartado cambiar la edad de jubilación, que a partir del 2027 será de 67 años. Según el ministro, esta edad es «adecuada» y «no tiene que ser considerada su modificación».

Escrivá ha detallado que ahora mismo sólo un 10% de los trabajadores se jubilan anticipadamente un año antes del posible, ya que la gran mayoría lo hace en el primer momento que es posible, a los 63 años. Según el ministro, «pequeños cambios de comportamiento» con la demora de meses de la jubilación anticipada afectarán «de manera sustantiva al sistema». En este sentido, ha asegurado que los mecanismos reductores se aplicarán de manera gradual en los próximos 10 años y que «cabe persona que esté en edad próxima a la jubilación y tenía pensado un planteamiento, tenga que cambiarlo como resultado del cambio de incentivos».

A pesar de estas consideraciones, ha dicho que hay que pensar un mecanismo corrector en caso de que falten ingresos para pagar las pensiones de los 'boomers', los nacidos entre 1959 y 1970. Este factor se tendría que utilizar en el momento de «más tensión del sistema», a partir del 2027, y formará parte de la segunda fase de negociación de la reforma de pensiones con los agentes sociales. De momento, el pacto alcanzado la semana pasada pide «evitar hacer recaer en las generaciones más jóvenes el coste derivado de la llegada a la edad de jubilación» de la generación del 'baby boom'.

Sin posicionar claramente, el ministro ha añadido que «las generaciones jóvenes tienen una tasa de precariedad y desempleo superior, no es muy amplia y tendrá que afrontar el mantenimiento del Estado del Bienestar». En este punto, ha dicho que «de la misma manera que ahora nadie discute que la consideración de género» a la hora de hacer política, está «convencido» que «la equidad intergeneracional» también se abrirá paso en las políticas del futuro.

Escrivá ha insistido en que esta problemática es «temporal» y que, una vez pasada la jubilación de la generación del 'baby boom', las altas de pensionistas vuelven a disminuir hasta niveles similares a los actuales.

En su intervención, el dirigente socialista ha defendido que el acuerdo rubricado con los agentes sociales, diciendo que «intenta recuperar la credibilidad perdida con la reforma del 2013», que ha tildado «mal planteada», «sin recorrido» y de «sólo generar incertidumbre y desconcierto».

El ministro de Seguridad Social ha hecho un llamamiento a defender la «solidez» del sistema ante el «pesimismo infundado» de la ciudadanía hacia el sistema. Y es que, según una encuesta realizada por el ministerio, casi el 70% de ciudadanos creen que la pensión que recibirán será inferior al actual.

La reforma, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, elimina los aspectos más polémicos de la reforma de las pensiones del PP de 2013, es decir, el índice de revalorización de las pensiones (IRP) que limitaba la subida anual a un 0,25% cuando hubiera déficit y el factor de sostenibilidad, que tenía que entrar en vigor en el 2023 e implicaba una rebaja de la pensión en relación con la evolución de la esperanza de vida.

El factor de sostenibilidad se sustituirá por un mecanismo de equidad intergeneracional, todavía para definir, que se seguirá negociando con los agentes sociales hasta mediados de noviembre con la previsión que se empiece a aplicar a partir de 2027.

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