Denuncian por homicidio imprudente a una trabajadora de una residencia donde han muerto 8 personas

Familiares de una de las ocho personas fallecidas en la residencia Torreblanca Sant Joan de les Fonts (Girona) por covid-19 han denunciado a una trabajadora del centro por un presunto delito de homicidio imprudente por haber acudido supuestamente a trabajar a sabiendas de estar contagiada.

La familia -a la que probablemente se sumarán otras dos en los próximos días- han presentado su denuncia este miércoles ante la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Travessera de les Corts, en Barcelona, donde su portavoz, Joan Guirado, nieto de una de las víctimas, ha apuntado a una de las trabajadoras del centro como «responsable» de los hechos.

Según ha explicado a los medios, sospechan que una de las profesionales acudió a trabajar a pesar de saber que estaba infectada de covid-19, lo que habría desencadenado el brote que ha contagiado ya a 18 residentes, ocho de los cuales han fallecido.

«Consideramos que hay un responsable muy claro: una trabajadora que confesó a otra que, a pesar de haber dado positivo, se tomaría un paracetamol e iría a trabajar», ha señalado Guirado, quien ha aseverado que otras familias se añadirán en breve a la denuncia que han presentado hoy.

Por su parte, la abogada Leyre López, del despacho Vosseler Abogados, ha detallado que la denuncia ha sido presentada por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave en concurso con un delito contra la salud pública por no haber llevado a cabo los controles y medidas de seguridad necesarios para evitar el brote de covid-19 que ha causado la muerte a ocho residentes.

Han solicitado así a los Mossos d'Esquadra que abran una investigación para esclarecer los hechos y determinar el grado de implicación de la dirección del centro en paralelo a la que podría abrir la Fiscalía después de que ayer el Defensor del Paciente la instara a investigar las muertes ocurridas en la misma residencia.

También han reclamado el parte de defunción de las víctimas -que aseguran no tener aún- y han pedido que se examinen las cámaras de seguridad para esclarecer si la profesional acusada «ha actuado de forma absolutamente irresponsable» o si el centro ha incumplido con alguna otra medida de seguridad, como el uso de mascarilla.

Las familias consideran que la trabajadora que continuó ejerciendo sus funciones a pesar de saber que estaba infectada con covid es «responsable» del brote de coronavirus en la residencia por su «actitud negligente», pero también apuntan a la cooperativa Suara, que gestiona el centro, «por no haber supervisado y controlado que todos los protocolos se seguían» correctamente.

De hecho, no descartan que la trabajadora contagiada acudiera a su puesto instada por la dirección de la residencia ante la falta de personal, una hipótesis que deberá aclarar la investigación.

Por otro lado, los familiares denunciantes han aseverado que no emprenden estas medidas legales «por dinero» y han indicado que, cualquier ganancia económica que resulte de este caso será destinada a la residencia Vora-Riu de Olot (Girona), dirigida a personas con discapacidad intelectual y en la que reside el tío de Guirado, con síndrome de Down.

El brote en la residencia se detectó a principios de agosto a raíz de un cribado que se hizo entre los profesionales del centro y ha contagiado ya al menos a 18 de los 53 usuarios -según los familiares-, así como a seis de los 54 trabajadores.

De hecho, tras detectar los primeros positivos en la plantilla, se sometió al conjunto de residentes a pruebas diagnósticas, que revelaron inicialmente cinco positivos pero que han ido escalando en los días posteriores, por lo que el centro ya ha abierto una investigación interna para dilucidar lo sucedido.

De acuerdo con el departamento de Derechos Sociales, se prevé que los próximos días se hagan de nuevo pruebas a los residentes negativos para poder levantar el aislamiento del centro.